Cuando en ese subterráneo oscuro de Washington, los periodistas norteamericanos del caso Watergate se sienten perdidos en las pistas que estaban siguiendo, el famoso informante apodado el “Garganta profunda”, les dice esa frase clave en el periodismo de investigación: “sigan el dinero”.
Y los periodistas comienzan a seguir el dinero, la forma como se habían desviado fondos para tapar el espionaje y revisar las cuentas de la gente que podía hacerlo. El dinero los fue llevando, como si fuera un camino perfectamente seguro, por el cual siempre se llega al destino final.
En nuestro país estamos acostumbrados a ocultar los temas de plata, lo cual es razonable cuando se trata de personas privadas, pero inaceptable cuando se trata de hombres que ellos mismos han querido ser públicos, ya sea postulando a un cargo de elección popular o aceptando una designación gubernamental.
Esos hombres y mujeres públicas deben estar obligados, como lo fijó la Ley de Transparencia, a declarar sus bienes, sus dineros y sus deudas. Y declararlas en un espacio público donde cualquier ciudadano las pueda ver, revisar y comentar. La ley es del año 2006 pero casi nadie le había hecho caso. Costó muchísimo para que comenzaran las declaraciones patrimoniales, que ahora ya son realidad. Y cuando digo ahora me refiero a noviembre del año pasado, es decir, se demoraron casi tres años.
Si uno va a la página web de la Cámara de Diputados o del Senado, se encuentra con las largas listas patrimoniales de estos muchachos. Esto que nos costó tanto que pasara, tuvo años de rechazo y oposiciones, a pesar de la ley dictada y publicada en el Diario Oficial. Nuestros parlamentarios querían investigar a todos los chilenos, pero ellos no querían mostrarse, no querían que compararan sus bienes de cuando entraban y cuando salían de sus cargos, no querían uno de los fundamentos de la democracia, que es justamente la transparencia, que nadie tenga nada de sus bienes oculto, como ocurre lamentablemente en muchos países vecinos. Las verdaderas democracias tienen todos los datos que uno requiere de un hombre público, además de sus declaraciones anuales de impuestos, que reflejan la actividad de cada año.
Nuestros equipos de prensa revisaron los números de los senadores y se encontraron con que Sergio Romero, que encabeza el ranking tiene $2.480 millones, que Carlos Ominami tiene $1.651 millones; que Nelson Ávila tiene $345 millones y que Jorge Arancibia tiene $324 millones en patrimonio personal. Hay que agregar a la esposa, los derechos sobre otras sociedades, acciones y negocios varios.
Los políticos y los representantes del gobierno deben tener siempre sus números claritos, actualizados y disponibles, para que la ciudadanía pueda juzgar en todo momento si se están enriqueciendo en sus cargos. Ese es el gran tema de la transparencia, lo demás son orgullos inútiles que no sirven para los que aceptaron por su propia voluntad entrar a ser públicos.
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