Y no sólo por mal enseñado, especialmente por falta de una legislación inteligente, que obligue a los funcionarios públicos, del tipo que sean, a responder por sus acciones.
Cada vez que hagan algo deben saber que pueden ser juzgados y que deberán asumir los costos de sus malas decisiones. Hay que terminar con la irresponsabilidad funcionaria, que tanto daño nos ha hecho a lo largo de nuestra historia.
Hoy en día tenemos, al menos en un caso, alguna esperanza que los responsables cumplan una pena de cárcel por tomar malas decisiones después del terremoto del 27 de febrero de 2010. Por no avisar una alarma de tsunami que ellos recibieron claramente, causaron la muerte de156 personas y dejaron 25 desaparecidas.
La Fiscalía Regional Metropolitana Occidente está solicitando formalizar por cuasidelito de homicidio a ocho funcionarios públicos que considera responsables, tanto del gobierno como de la universidad y la Armada.
Veremos qué tan preparados estamos para aplicar sanciones a estas personas que cometieron gravísimos errores para transmitir las alarmas que ellos recibieron. Está demostrado que ellos no solamente no anunciaron el tsunami, sino que además, después que la gran ola pasó por Juan Fernández y por la caleta de Queule, ellos seguían sin advertir a los habitantes de las zonas costeras que debían evacuar sus casas. La Armada evacuó a todo su personal y no sufrió ninguna baja en sus filas, porque ellos internamente reaccionaron como corresponde, pero frente al país fueron un desastre.
Esperemos que la Justicia pueda actuar sin dejar a tanto culpable impune. Es común que se comprueba un delito, se determina el monto de lo robado por ejemplo, pero nadie paga esos valores al Fisco, así como nadie responde por nada.
Seguramente Usted vio con horror esa gran cantidad de chilenos ladrones que saquearon las tiendas, que por oleadas salían con todo tipo de productos, cargándolos al hombro o en carretillas, y que nos dejaron desmoralizados porque nos hicieron a creer que eso éramos los chilenos.
¿Sabe qué pasó con ellos?
Después del saqueo 300 fueron condenados y ninguno pagó con prisión, así como ninguno pagó con dinero lo robado. Con lo incautado por la policía se llenaron cuatro gimnasios, de allí se sacaron cosas que estaban en buen estado y que no fueron reconocidas, las cuales se vendieron en remates por 15 millones. Sin embargo, la Fiscalía evaluó en 1.500 millones de pesos todo lo robado en la VIII región.
¿Sabe que va a pasar con los estudiantes que se robaron y saquearon los colegios, liceos y universidades que se tomaron?
Nada. Cientos de millones de pesos perdidos sin que nadie responda y todo quede en la más absoluta impunidad. El alcalde de la comuna de Ñuñoa, Pedro Sabat, está intentando por la vía judicial, que los padres de los alumnos que se tomaron los establecimientos, paguen los daños que ascienden a $ 1.100 millones.
Estamos acostumbrados a que no pase nada con los ladrones. Los vimos en la tele y nadie los detuvo. Los niñitos tomadores de locales escolares estuvieron meses adentro y nadie logró identificarlos para que hicieran responsables solidarios a sus padres. Si los papás no fueron capaces de sacar a los hijos de la toma-saqueo, tampoco podrían oponerse a que les cobren los robos y destrucciones que los niñitos hicieron en sus propios establecimientos.
Falta una ley que obligue a los funcionarios públicos a ser responsables. Si los niños se toman el colegio, los profesores deberían identificarlos para hacerlos responsables. Si Carabineros e Investigaciones vio a los saqueadores de tiendas actuar impunemente, son ellos los que deberían pagar, por su incapacidad de actuar para detener a los responsables y hacerlos pagar los daños.