La acción judicial además persigue el delito de Falsificación de Instrumento Público y fue presentada por la familia de la adulta mayor desparecida en Limache, luego de que se comprobara que se habían borrado las grabaciones de las cámaras de seguridad del Fundo Las Tórtolas del día en que se perdió su rastro
LIMACHE.- El Juzgado de Garantía de Limache declaró este martes 22 de julio admisible una querella en contra de quienes resultan responsables, por los delitos de Falsificación de Instrumento Público y Obstrucción a la Investigación; interpuesta por la familia de María Ercira Contreras Mella, la mujer adulta mayor desaparecida el 12 de mayo de 2024 mientras se celebraba con su familia el Día de la Madre, en el restaurante Fundo Las Tórtolas de Limache.
Esto luego de que se conociera el resultado de la última pericia al DVR incautado en el restaurante Fundo Las Tórtolas, el cual contenía las imágenes de cámaras de seguridad que serían claves para conocer lo que ocurrió con la adulta mayor.
Recordemos que luego que la familia conociera en diciembre del año pasado el informe de la fiscalía y donde faltaban imágenes del día y las horas posteriores a la desaparición de Ercira, solicitaron que el DVR fuera enviado al Laboratorio de Criminalística de la PDI en Temuco, donde existía un software avanzado para acceder a las imágenes o establecer si habían sido manipuladas; el cual, finalmente concluyó que las grabaciones del DVR no existían en la fecha del 12 de mayo de 2024 y los días posteriores a esta, pues habían sido sobre escritas.
La querella
El abogado de la familia, Juan Carlos Manríquez, calificó este hecho como gravísimo y presentó esta querella detallando en ella que una de las pericias más relevantes para determinar el paradero de doña Ercira era la obtención de los videos de las cámaras de seguridad del Fundo de las Tórtolas, en minutos precisos en que ella transita por el estacionamiento del lugar cuando se dirigía al baño y donde se perdió su rastro. En este sentido , explica que el perjuicio para la investigación es evidente, pues “desde el segundo en que doña Ercira sale del cuadro de la grabación de su caminar hacia arriba y a la izquierda de los estacionamientos del Fundo Las Tórtolas , último registro de su existencia vital, no hay un rastro de lo que le ocurrió, hacia dónde siguió, quién la pudo abordar, quién la pudo golpear, atropellar, sacar del lugar e incluso secuestrarla” y que el personal especializado no podía ignorar que existía un DVR con las imágenes, el cual se estaba auto borrando.
Tras las pericias evidenciadas en el informe de la Lacrim de Temuco, la familia emitió esta querella por el delito de Falsificación de Instrumento Público, evidenciando que hubo quienes estamparon un acta policial de que la administradora del Fundo Las Tórtolas había entregado el DVR el día 13 de mayo de 2024, siendo que se entregó días después; además del delito de Obstrucción a la Investigación, pues los funcionarios peritos en el tratamiento de evidencias, tenían la responsabilidad de verificar el contenido entregado y no recién percatarse meses después que el DVR no contenía las imágenes y que habría sido alterado.
“Nadie revisó el DVR en el cual supuestamente se encontraban los videos de las cámaras de vigilancia del Fundo, ignorándose si tenía algún contenido y si efectivamente correspondía a las 24 horas de grabación solicitadas. Luego, dicho DVR no fue extraído ni periciado sino hasta meses después de su entrega al Ministerio Público. Recién en julio del año 2024 se extraen los videos de las cámaras de vigilancia del recinto, que fueron entregados muchos días después del 12 de mayo de 2024 por parte de la Administradora del Fundo Las Tórtolas a la Policía de Investigaciones y a las que esta representación de la familia de la Sra. Ercira tiene acceso sólo en diciembre del año 2024 y luego de su revisión es que se realiza una pericia privada audiovisual sobre su contenido, con doña Nadia
Mansilla Santibañez, quien es la persona que evidencia la falta de una grabación continua y completa del día de ocurrido los hechos”, detalla la querella .
Es por ello que, en la querella, se solicitó una orden amplia de investigar para verificar con detalle y precisión la forma en que se obtuvieron las grabaciones de las cámaras de televigilancia del local; si se verificó el contenido el mismo día de la incautación; a los posibles responsables de dicha incautación y la ubicación y declaración a través de Interpol, de la administradora del Fundo Las Tórtolas.
Además de una nueva pericia al DVR incautado, solicitada este martes a Fiscalía, la cual se realizará en una empresa privada especializada en la recuperación de datos, ubicada en la región Metropolitana.
