Por Roberto Silva Bijit
Fundador Diario “El Observador”
No hay problema. Casi nadie sabe leerlo así que no se preocupe por eso. Parece que es un y medio billón, etcétera.
Lo importante es saber que ese número lo puso en el pizarrón la admirada señora Dorothy Pérez, nuestra Contralora General de la República. Ella fue la que dijo que ese número representaba el billonario desorden público entre 2024 y 2025.
Se trata de un número que obtuvo después de más de 800 auditorías al sector público del país. Encontró por ejemplo, que había 359 mil millones por incumplimientos a normas contables y/o presupuestarias; que había 328 mil millones en falencias asociadas al cumplimiento de contratos; 316 mil millones en deficiencias en el proceso de rendición de cuentas; 252 mil millones en deficiencias asociadas al manejo de fondos; 81 mil millones en incumplimientos asociados a ingresos; 80 mil millones por deficiencias en el proceso de adquisiciones; 57 mil millones en gastos improcedentes o sin respaldo y 30 mil millones en otros resultados transversales.
¿Qué tal? Así se gastan y malgastan nuestros impuestos, así los funcionarios públicos hacen lo que quieren porque pensaban que jamás nadie los controlaría, pero no contaban con la astucia y el trabajo de doña Dorothy, que vino a demostrar el desastroso manejo del Estado de Chile y las graves falencias de administración que tenemos.
Calculen que solo en el ítem gastos improcedentes o sin respaldo hay cinco comisarías para los carabineros de Quillota, que llevan más de cuatro años sin cuartel.
El valor total entregado por Contraloría, ese poco leíble billón y medio, representa casi la mitad del presupuesto 2025 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y supera con creces las arcas de las carteras de la Mujer, las Culturas y el Medioambiente.
El informe, que es una radiografía del caótico Estado de Chile, fue entregado por la Contralora al Congreso Nacional, advirtiendo que “las observaciones constituyen la manifestación formal de una situación en la que se ha detectado un incumplimiento de leyes, reglamentaciones, normas o manuales, o de las recomendaciones formuladas en informes, oficios o pronunciamientos, en los que se podrá configurar una infracción, irregularidad o deficiencia”.
Lo más escandaloso de todo es que la crisis de la administración pública tiene peores números todavía en los últimos años.
La Contraloría informó a la Cámara de Diputados sobre el reiterado desorden fiscal, señalando que hay problemas de rendición de cuentas entre el 1 de mayo de 2021 y el 30 de abril de 2022, donde se objetan fondos por $4,6 billones, mientras que en el informe que entregó en el 2023 los montos ascienden a $2,1 billón y el año pasado fue de 2 billones.
Un despilfarro de padre y señor mío que no sabemos cómo será reparado y de qué forma el gobierno, los parlamentarios y la Justicia, podrán responder frente a estos graves hallazgos realizados por los equipos de la Contraloría General de la República.
Lo que viene es dotar de más facultades a la Contraloría para que pueda no solo controlar sino sancionar directamente las ilegalidades que quedan en evidencia con sus informes.
Es tan anticuada la legislación y tan absurda la situación, que la Contraloría no puede revisar directamente las cuentas bancarias de los servicios públicos y está obligada a recurrir a los tribunales de justicia para poder ver los saldos de las cuentas corrientes. Así no se puede realizar bien el importante trabajo que tiene el órgano contralor.
Los políticos no pueden seguir mirando para el techo, es hora de legislar a favor de la transparencia, del castigo a los usurpadores y abusadores, de la fiscalización total del Estado, sin que ninguna institución pública, que maneja el dinero de todos los chilenos, pueda quedar encubierta para la revisión de la Contraloría.
