Delegado de Marga Marga llamó a las familias que no han sido catastradas a acercarse a los puestos de Gobierno en terreno dispuestos en el sector de la toma y del municipio de Quilpué
QUILPUÉ.- El proceso de demolición de la toma de Calicheros en Quilpué comenzó este lunes con un amplio operativo social, migratorio y sanitario, en preparación para el inicio de las faenas programado para este martes. El asentamiento, habitado por decenas de familias, se ubica en terrenos que pertenecían al fallecido empresario Alejandro Correa, asesinado en 2020.
Un amplio contingente compuesto por Carabineros, PDI, la Seremi de Vivienda y Urbanismo, la Delegación Presidencial Provincial de Marga Marga y el municipio se desplegó en el sector para realizar un catastro final a las familias que aún permanecen en el lugar.
El delegado presidencial de Marga Marga, Fidel Cueto, hizo un llamado a los pobladores que no han sido encuestados a acercarse a los puestos dispuestos en las afueras de la toma y en el municipio para completar el catastro. Además, la PDI está realizando una evaluación de las familias de origen extranjero y de su situación migratoria.
Familias se Resisten a Abandonar el Predio
Aunque algunas familias han desarmado sus construcciones y retirado sus enseres, un grupo de habitantes se resiste a la medida. Durante la jornada de este lunes, cerraron con candados los accesos a la toma. Los ocupantes argumentan que solo existe una orden de demolición, pero no de desalojo, y que las autoridades no habrían cumplido con un plazo de salida razonable.
Demolición en Seis Zonas
De acuerdo con lo programado por Serviu, la empresa adjudicada para la demolición comenzará las faenas este martes. El terreno será intervenido por sectores, considerando su topografía y la densidad de las edificaciones irregulares, siempre garantizando la seguridad de las personas, animales y mascotas.
La empresa ejecutará los trabajos de demolición en seis zonas de manera progresiva y ordenada. Se estima que las labores se desarrollen en un máximo de dos días, con el objetivo de habilitar el terreno a sus propietarios en el menor tiempo posible.
Cabe recordar que se estima que unas 130 familias se tomaron ilegalmente el predio a partir de 2020. El conflicto por la usurpación de estos terrenos está directamente relacionado con el litigio que mantenía Alejandro Correa, asesinado por sicariato el 18 de mayo de ese mismo año, un crimen por el cual hay condenados.
