Cinco informes de auditoría detectaron pagos sin respaldo, eventuales sobreprecios y deficiencias en la entrega de ayudas a damnificados en organismos regionales y municipales.
VIÑA DEL MAR.- La Contraloría General de la República (CGR) detectó una serie de irregularidades en el uso de recursos públicos destinados a enfrentar la emergencia provocada por el megaincendio que afectó a la Región de Valparaíso en febrero de 2024.
Los antecedentes están contenidos en cinco informes de auditoría que analizaron la gestión de la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, las municipalidades de Viña del Mar y Quilpué, además de la Dirección Regional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas (MOP).
Entre las principales observaciones se identificaron pagos sin respaldo suficiente, gastos improcedentes, eventuales sobreprecios, deficiencias en procesos de contratación y falta de control en la entrega de ayudas a personas damnificadas.
Producto de estos hallazgos, el organismo fiscalizador ordenó la instrucción de sumarios administrativos y remitió antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para determinar eventuales responsabilidades.
Delegación Presidencial Regional
Según el Informe N°528 de 2025, la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso efectuó pagos que superan los $586 millones sin respaldo suficiente, en el marco de adquisiciones realizadas durante la emergencia.
La auditoría también advirtió posibles sobreprecios y el uso injustificado del trato directo en ciertos procesos de contratación, lo que motivó el envío de antecedentes a organismos persecutores.
Municipalidad de Quilpué
El Informe N°535 de 2025 detectó gastos improcedentes en la Municipalidad de Quilpué, entre ellos la adquisición de cocinillas sin certificación de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).
Asimismo, se constató el extravío de bienes donados y deficiencias en la entrega de ayudas a familias afectadas por el incendio, además de falencias en la gestión de personal y proyectos asociados a la emergencia.
Municipalidad de Viña del Mar
En el caso de la Contraloría advirtió falta de trazabilidad en la distribución de ayudas, debilidades en la rendición de recursos y eventuales incumplimientos a la normativa de compras públicas. Producto de ello, se instruyó un sumario administrativo y la regularización de los procesos observados.
Tras conocerse el informe, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, respondió a los cuestionamientos señalando que es necesario contextualizar la magnitud de la emergencia. La jefa comunal sostuvo que durante las primeras horas y días tras la catástrofe, muchas personas habían perdido sus viviendas y documentos, lo que dificultaba cumplir con requisitos administrativos formales.
“La necesidad de entregar agua, materiales, comida y, por sobre todo, alimentos, era algo que no íbamos a dejar de hacer porque las personas no tuvieran un carnet de identidad o porque todavía no contaran con una Ficha Básica de Emergencia (FIBE)”, argumentó.
Ripamonti también indicó que, ante la urgencia y la burocracia estatal, la ayuda privada permitió cubrir necesidades inmediatas como alimentación y resguardo en carpas para las familias afectadas.
Dirección Regional de Arquitectura del MOP
Respecto del MOP, se establecieron pagos indebidos superiores a $434 millones por demoliciones que no fueron ejecutadas o que se realizaron parcialmente.
En paralelo, el Informe Final N°500 de 2025 detectó pagos no acreditados por más de $782 millones en trabajos de demolición en el sector El Olivar.
Las auditorías también evidenciaron irregularidades en adjudicaciones, posibles sobreprecios y falta de respaldo documental. En este caso, Contraloría instruyó un sumario administrativo y solicitó antecedentes vinculados a una investigación previa de la Fiscalía Nacional del MOP.
