Este jueves las familias ocupantes ingresaron un recurso en Valparaíso para evitar ser desalojados de los terrenos, pertenecientes a la familia del fallecido empresario Alejandro Correa, víctima de sicariato
QUILPUÉ.- La Seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso confirmó que el próximo lunes 29 de septiembre comenzará el proceso de demolición de las construcciones levantadas en la toma Calicheros, en la comuna de Quilpué.
Se trata de 21 lotes de terreno ilegales que fueron ocupados hace cinco años, donde cerca de 50 familias levantaron distintas edificaciones.
El predio pertenecía al fallecido empresario Alejandro Correa, cuyo asesinato, ocurrido el 18 de mayo de 2020 en Concón, tuvo gran repercusión nacional. El crimen se relacionó precisamente con un litigio por los límites de los terrenos que Correa y uno de los condenados poseían en este sector de Quilpué.
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La Seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso, Belén Paredes, detalló que la licitación para adjudicar a la empresa que efectuará el trabajo avanzó según lo programado. Esto posibilita que el lunes comiencen los primeros trabajos en terreno.
Paredes informó que la coordinación con la Delegación Presidencial, los servicios e instituciones, y el municipio, está en marcha para “proceder de acuerdo al resguardo de los derechos de las personas, mascotas y ocupantes del sector”.
Catastro de Ocupantes y Recurso Legal
En paralelo, la Municipalidad de Quilpué había realizado un catastro voluntario de los habitantes. Sin embargo, este no alcanzó los resultados esperados, registrando apenas una decena de personas, muy por debajo de las 50 familias informadas inicialmente. Por ello, la municipalidad extendió el plazo hasta el lunes para culminar este catastro y conocer el número real de personas a desalojar.
En tanto, mientras las autoridades avanzan en las coordinaciones para la demolición, las familias ocupantes realizaron una manifestación el día martes, acusando una vulneración de sus derechos y este jueves presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, con el objetivo de evitar la ejecución del fallo judicial y donde acusan un acto ilegal por parte del Tribunal y las autoridades políticas, manifestando que primero se debe emitir una orden formal de desalojo.
