Por Roberto Silva Bijit
Fundador Diario “El Observador”
Cuando todos creíamos que el tema del voto obligatorio ya era parte de nuestro sistema democrático, el gobierno busca sacar las castañas con la mano del gato, quitándole urgencia a la definición de la multa por no votar.
Claramente hay temor a la expresión ciudadana, especialmente a ese 30% o 40% que no se pronuncia sino hasta el día de la elección.
Votar es un deber ciudadano, forma parte de nuestras obligaciones cívicas y permite una verdadera representación de la mayoría de los chilenos en las importantes decisiones que se toman al elegir un representante para Presidente, senador y diputado.
En Chile tenemos a la fecha un padrón electoral de 15.349.462 ciudadanos habilitados para votar, de los cuales hay 840.539 extranjeros habilitados para emitir su sufragio y hay 149.606 chilenos que pueden votar en el extranjero.
El voto obligatorio impide que candidatos resulten electos con porcentajes ridículos del padrón electoral, solo porque la abstención alcanza casi el 50% de los votantes.
La manera de hacer cumplir una obligación es con una multa. Pasar con luz roja el semáforo es una multa. No votar debe seguir siendo multado y con la energía suficiente como la garantizar representación en nuestras autoridades políticas.
Haciendo un análisis respecto de los números de votantes en la segunda vuelta de 2021, que fue con voto voluntario, y la municipal de 2024 que fue con voto obligatorio, tenemos como saldo cinco millones menos de personas en las urnas.
Si el gobierno no le pone urgencia al proyecto, cinco millones de ciudadanos podría no ir a votar, restando casi un 40% de los votos en la elección del 16 de noviembre.
Resulta contradictorio que se diga que esta es una elección con voto obligatorio, pero sin multa, o sea, es voto voluntario. ¿Qué pensarán los políticos de nosotros? ¿Creerán que nos pueden meter el dedo en la boca sin consecuencias?
Estamos mal otra vez con los parlamentarios. No representan el sentir de la gente, no defienden la legitimización de nuestra democracia, actúan por conveniencia, no les interesa el bien común. Mal, muy mal.
Dejar fuera a por lo menos cinco millones de votantes, aunque podrían ser más, es una verdadera irresponsabilidad cívica, en la que están participando activamente los diputados del oficialismo, porque tienen miedo de la expresión ciudadana completa.
Han armado también un enredo con los extranjeros, especialmente con los venezolanos, porque el gobierno está convencido que ellos votarán en contra, ya que sienten que venían arrancando del fuego y no es gracia caer en las brasas. Se trata de cerca de 900 mil votantes, a los que se les ha tratado de acallar. Es tan absurdo dejarlos sin voto, como sería dejarlos sin escuelas para sus hijos o sin consultorios y hospitales para sus familias.
No puede ser que el gobierno que ha impulsado el ingreso de todo tipo de extranjeros, que no ha cerrado bien nuestras fronteras, sea el mismo que ahora quiera limitarles el derecho a voto, solo porque podrían votar en su contra. El gobierno presentó un proyecto para impedir el voto de los extranjeros, pero ha postergado tanto el proceso, que la oposición cree que si no lo pueden tratar, terminarán quedando todos los votantes sin multa. Toda la oposición, unida como nunca antes, pidió el lunes una sesión especial asegurar la multa que permita que el voto sea obligatorio.
La multa para los electores que no vayan a votar podría fluctuar entre $34 mil y $340 mil pesos, siendo causal de agravamiento la reincidencia. Nadie que vaya a votar tendrá que pagar esas sumas, así como nadie que no pase con luz roja tendrá que pagar nada.
El trámite legal fue despachado en el Senado en primer trámite constitucional y ahora se encuentra “durmiendo” en la Cámara de Diputados. Falta que el gobierno pierda el miedo y le ponga urgencia para que tengamos una votación representativa el domingo 16 de noviembre.
*Imagen de Redes Sociales.
