Por Carlos Brito Franulic
Abogado
Magister en Derecho Penal y Ciencias Penales
Ex Defensor Penal Público
OPINIÓN.- El reciente y grave suceso ocurrido en la apacible localidad de San Pedro, comuna de Quillota, ha desnudado una crisis profunda en nuestro sistema de seguridad y justicia. No se trata sólo de un robo con violencia e intimidación, sino de una bofetada a la tranquilidad pública y una humillación directa al esfuerzo policial que, arriesgando sus vidas, logró la detención de los delincuentes.
La cadena de eventos es inaceptable y ha encendido la legítima indignación de los ciudadanos:
- El esfuerzo heroico: Un equipo policial demuestra su compromiso, enfrenta el peligro y logra la captura de los antisociales, cumpliendo su deber con creces.
- La decisión judicial incomprensible: En la audiencia de control, el fiscal a cargo, invocando la edad de los imputados y, presumiblemente, leyes que priorizan un enfoque garantista sobre la seguridad de las víctimas, opta por una medida cautelar que deviene en la liberación inmediata.
- La consecuencia desastrosa: Los mismos delincuentes, en un acto de absoluta impunidad y burla al sistema, regresan al sitio del suceso para intimidar a sus víctimas originales.
Esta última acción no es solo un delito adicional; es una declaración de guerra de la delincuencia contra el Estado de Derecho. Es un mensaje claro a la comunidad: el sistema legal no puede protegerte.
La pregunta crucial: ¿De qué sirve el Ministerio de Seguridad Pública?
La creación de un Ministerio de Seguridad Pública nace de una promesa de paz y de una necesidad de coordinación efectiva. Pero la eficacia de cualquier ministerio se mide por sus resultados en la calle, no en el papel. La gente de San Pedro, y miles de chilenos que viven la misma incertidumbre, se preguntan con razón: ¿De qué ha servido este esfuerzo si la puerta giratoria sigue abierta?
El problema ya no radica sólo en la falta de policías o de recursos; reside en la filosofía de la persecución penal que, en la práctica, ha sido percibida como un obstáculo para la seguridad ciudadana. La ley, en ocasiones, parece estar diseñada bajo la premisa de que “el delincuente es una víctima del sistema”, una visión que, aunque pueda tener sustento teórico, se estrella violentamente contra la realidad de un pueblo intimidado.
Si los funcionarios encargados de la persecución penal (fiscales y jueces), sirviéndose de un marco legal demasiado benevolente, anulan el esfuerzo policial y exponen a las víctimas a la revictimización, el mensaje institucional es demoledor: la impunidad es la regla, no la excepción.
Un llamado enérgico: Paz y seguridad no son un favor. Son un derecho
La frustración de la comunidad es la brújula moral que debe guiar la acción pública. Los ciudadanos tienen un derecho inalienable a vivir tranquilos y en paz en sus casas y lugares de trabajo. No se pide venganza, se exige justicia efectiva y seguridad tangible.
Es imperativo que el sistema de justicia y el Ministerio de Seguridad Pública, en su caso, revisen con urgencia sus protocolos y el espíritu con que se aplican las leyes cautelares. Si la edad o cualquier otra condición del imputado es utilizada como pase libre para reincidir e intimidar a las víctimas, el sistema está fracasando en su misión más elemental: proteger a los inocentes.
La heroicidad de los policías en San Pedro no puede ser un esfuerzo en vano. La respuesta a la delincuencia debe ser firme, coherente e inmediata. La liberación de un imputado debe ser una excepción justificada, no la norma que permite a los criminales regresar a las calles con el manual de impunidad bajo el brazo.
El pueblo de San Pedro exige que las actuaciones judiciales y fiscales estén a la altura del coraje policial y, sobre todo, a la altura de su derecho a vivir sin miedo. No toleraremos que la ley, que debería ser nuestro escudo, se convierta en el arma más eficaz de la delincuencia.
