La normativa clasifica zonas de riesgo, crea franjas de protección y establece obligaciones preventivas.
NACIONAL.- El Senado aprobó el proyecto de Ley de Incendios Forestales, iniciativa que ahora regresará a la Cámara de Diputadas y Diputados para iniciar su tercer trámite legislativo, en medio de un escenario marcado por los incendios que afectan a la zona centro-sur del país.
La discusión en la Cámara Alta se produjo a poco más de una semana del inicio del Estado de Catástrofe decretado por los siniestros en las regiones de Ñuble y Biobío. El proyecto estuvo cerca de 10 meses sin avances, hasta que fue retomado y despachado desde la Comisión de Hacienda para su votación en Sala.
La iniciativa fue aprobada por 34 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, y su tramitación continuará en la Cámara Baja, donde deberá ser revisada y votada antes de su eventual promulgación. El debate legislativo estuvo cruzado por la contingencia de los incendios y por intercambios de declaraciones entre autoridades de Gobierno y parlamentarios.

Zonas de riesgo y planificación territorial
Uno de los ejes centrales del proyecto es la clasificación del país en zonas de riesgo bajo, medio, alto o crítico, permitiendo que las medidas de prevención se adapten a la realidad de cada territorio.
Además, se definen zonas urbano-rurales, donde el bosque entra en contacto con viviendas, con el objetivo de incorporar medidas obligatorias de prevención en los planes reguladores y reducir la vulnerabilidad de estos sectores.
Franjas de protección y prevención comunitaria
La propuesta también contempla la creación de franjas de protección o zonas de amortiguación, destinadas a frenar o retardar el avance del fuego. Las obligaciones variarán según el nivel de riesgo del área.
En caso de aprobarse la ley, municipios y servicios públicos deberán entregar asistencia técnica, educación y acciones de prevención comunitaria, fortaleciendo el trabajo con la población para enfrentar este tipo de emergencias.
Fiscalización y sanciones
El cumplimiento de la normativa será fiscalizado, estableciendo sanciones proporcionales que consideren la gravedad de la falta y la situación de los propietarios, con foco en la prevención más que en el castigo.
Este proyecto se complementa con las inversiones que el Ejecutivo ha destinado en los últimos años a la preparación y combate de incendios forestales, en un contexto donde estos eventos se han vuelto cada vez más frecuentes y destructivos.