Por Roberto Silva Bijit
Fundador Diario “El Observador”
Lo primero es aclarar que la seguridad depende del gobierno. Que todas las fuerzas de seguridad, es decir, Carabineros y Policía de Investigaciones, dependen exclusivamente del gobierno, del Ministerio de Seguridad Pública para ser más exactos. Ayudan en la tarea a nivel regional los Delegados regionales y provinciales, que entre sus funciones principales está la seguridad.
¿Qué hacen los municipios metidos en temas de seguridad?
Colaborando y nada más que colaborando.
Desde hace años el problema de la inseguridad fue creciendo y creciendo y se le fue yendo de las manos al gobierno. Como nadie le ponía atajo, los alcaldes comenzaron a colaborar con Carabineros, a ayudar con motos, después con vehículos y ahora con un departamento entero de gente y recursos para ayudar a la tranquilidad de la ciudad.
Repitamos: los municipios no son responsables de la seguridad, no se les puede cargar la mano a ellos por las olas cada vez mayores de delitos y crímenes. La responsabilidad única recae en el gobierno.
Pero lamentablemente, los municipios no tienen herramientas legales que los respalden para poder participar en forma efectiva en el combate de los delitos.
Con todo respeto, se parecen a los serenos que teníamos en tiempos de la Colonia, que se paseaban por las calles con un farolito y avisaban si veían a alguien cometiendo algún delito.
Es tanta la desprotección que sufren los cuerpos de seguridad ciudadana municipal, que ni siquiera tienen cómo defenderse de un ataque armado de delincuentes que estén robando o asaltando en algún lugar de su comuna.
Hoy viven momentos peligrosos porque no los dejan portar armas y les han puesto todo tipo de trabas hasta para actuar en legítima defensa propia.
La nueva ley que presentó el gobierno es tan mediocre que no les confiere atribuciones para actuar de verdad. Ni siquiera los dejó usar una pistola eléctrica que inmoviliza. Nada que los defendiera. Por lo tanto, serán presas de los delincuentes, que saben que los pueden atacar sin que el personal de seguridad les pueda responder.
Este gobierno que por fin termina, ha manejado con miedo todos los temas de seguridad. Los derechos humanos de los delincuentes son más importantes que los derechos humanos de los guardias, los carabineros y los detectives. Así es imposible.
Y como si fuera poco, hay una mano tibia en la justicia. No los dejan detenidos y encarcelados y por eso cuando detienen a un ladrón, éste ya tiene 15 órdenes de detención anteriores.
Esta es la tormenta perfecta. Los delincuentes se atreven a todo y disparan contra el que se les cruce. La policía es insuficiente, pocos medios, poca gente y poco respaldo legal. La seguridad ciudadana no tiene herramientas para actuar y se tienen que quedar de brazos cruzados, cuando más llamando por teléfono. La justicia está confundida con el tema de las garantías y deja libre a los delincuentes.
La gente, la población de cada una de nuestras ciudades, vive con el alma en un hilo pensando en: cuándo le hacen un portonazo, cuándo le asaltan su casa, cuándo le roban el celular en la calle, cuándo un preso lo estafa desde la cárcel. Necesitamos un cambio, que debe partir por el endurecimiento de las leyes para darle más respaldo a Carabineros, Investigaciones y Seguridad Ciudadana.
Difícil la tiene José Antonio Kast, pero por lo menos tiene la ventaja de que su equipo no acepta la violencia como forma de expresión política en las calles.
