Por Roberto Silva Bijit
Fundador Diario “El Observador”
En un primer informe la Contraloría General de la República certificó que más de 25.000 funcionarios públicos viajaron al extranjero entre 2023 y 2024, mientras se encontraban con licencias médicas vigentes, lo cual es una abierta ilegalidad. Tres mil 500 empleados del Estado presentaron licencias emitidas por médicos investigados por fraude. Apenas cerca de mil 500 funcionarios públicos han renunciado.
Ahora tenemos otro informe, que demuestra el tamaño de la podredumbre moral que afecta a Chile: cuatro ministros de Cortes de Apelaciones, un fiscal de Corte y 84 jueces de la República usaron licencias médicas y viajaron al extranjero. Se comprobó, además, que cerca de 600 funcionarios judiciales salieron del país e ingresaron teniendo licencia médica. En total, serán pesquisadas 1.029 licencias médicas a funcionarios del Poder Judicial, que tiene un total de 13.457 personas como dotación total.
Es escandaloso por donde se le mire. Los jueces deben hacer cumplir las leyes y si ellos no las cumplen estamos muy jodidos como país.
Dejemos claro algo sobre las licencias. Es ilegal y así está absolutamente comprobado: no se puede salir al extranjero teniendo licencia médica vigente. Todo lo que se quiera decir en contrario es tratar de hacerle pillería al sistema. Se trata, además, de una falta grave, comprobada en forma flagrante por el certificado y los egresos e ingresos al país, por lo tanto, no se necesitan más pruebas para exigir devolución de dinero y pérdida del empleo. Especialmente, en el caso de los jueces. No hay ningún ministro de la Corte Suprema comprometido. Es más, la Suprema es la que pidió la investigación por “irregularidades disciplinarias”, que nos parece algo así como suave, para retarlos y dejarlos que sigan trabajando.
¿Cómo lo hace un juez para seguir trabajando después de esta ilegalidad? ¿Cómo lo hace para seguir aplicándole a ley o las normas que él no cumple a otros chilenos?
Lo peor que nos puede pasar es acostumbrarnos a la impunidad. Hacernos los lesos nosotros mismos pensando que no es para tanto. Son miles de millones de pesos defraudados, son muchas también las licencias falsas, compradas a médicos inescrupulosos.
Hay que dejar en claro que en el tema de las licencias debieran responder los que piden y los que otorgan falsamente una licencia médica, y que por otra parte, debiera protegerse a los que con justa razón hacen uso de una licencia médica, para no caer en el círculo perverso de que ahora todo es sospechoso.
Otra vez el gobierno ha incurrido en esa costumbre de no tomar decisiones o llegar tarde a todos lados. Desde marzo se encuentra en el Congreso el proyecto de ley para actualizar el sistema de licencias médicas, donde se incrementan las sanciones por su mal uso y se generan mejores mecanismos de procesamiento para detectar personas y médicos que estén cometiendo un fraude.
Muchos expertos se han pronunciado sobre el tema y han insistido que más allá de las licencias y sus problemas, hay que ir directamente a modificar y actualizar el Estatuto Administrativo que rige a la administración pública, para terminar con los privilegios de que gozan estos funcionarios, así como de su famosa y maligna “inamovilidad”.
Todos los chilenos iguales. Los de instituciones públicas y los de la empresa privada. Todos bajo las mismas leyes, todos dispuestos a contribuir al desarrollo de Chile y no a trancar los avances disfrutando de añejos privilegios.
*Imagen de Redes Sociales.
