También se refirió a la Ley de Urgencia y otros temas relacionados
En el marco de su cuenta pública anual, el superintendente de Salud, Víctor Torres Jeldes, visitó este jueves los estudios de Radio Quillota 101.5 FM para dar a conocer el trabajo de la institución, además de abordar temas fundamentales para la ciudadanía como la Ley de Urgencia, la acreditación en salud y los derechos de los pacientes. La actividad, que se desarrolló más tarde en el Centro Cultural de la comuna, fue abierta a todo público y forma parte del mandato presidencial de descentralizar y hacer participativas estas rendiciones de cuentas.
“Nosotros elegimos Quillota para hacer nuestra cuenta pública como parte de este esfuerzo por descentralizar y acercar la información a la comunidad”, explicó Torres, quien también destacó que “la Superintendencia es un ente que permite resguardar el cumplimiento de los derechos de las personas en el acceso igualitario a la salud”.
Uno de los ejes centrales de su intervención fue la Ley de Urgencia, una normativa que aún genera confusión en la ciudadanía. “No toda atención en una urgencia se considera parte de la Ley de Urgencia. Solo aquellas que son vitales o pueden generar una secuela funcional grave”, aclaró. En esos casos, explicó, no se puede condicionar la atención al pago previo, incluso si la persona acude a una clínica fuera de la red habitual de su seguro.
“Si un paciente FONASA llega a una clínica porque es la más cercana y requiere atención inmediata, no le pueden pedir pagaré ni dinero. Luego, el sistema cubre y el paciente accede a un préstamo legal con tope de 5% de sus ingresos”, detalló el superintendente, quien también recordó que esta cobertura solo se extiende hasta que el paciente se estabiliza. “Después, la familia debe decidir si continúa en esa clínica —asumiendo los costos— o se traslada a un recinto de la red pública”.
Otro punto abordado fue la acreditación de establecimientos de salud, como parte de la garantía de calidad del sistema AUGE-GES. “Hoy tenemos alrededor del 98% de los recintos cerrados públicos y privados acreditados. Desde 2022, además, estamos acreditando la atención primaria, que ya alcanza cerca del 20%”, señaló.
Respecto a los reclamos ciudadanos, Torres informó que en 2024 la Superintendencia resolvió más de 217 mil casos a nivel nacional, un aumento del 41% respecto al año anterior. “Esto responde a una campaña informativa para que las personas conozcan qué se puede y qué no se puede reclamar”, comentó, aclarando que muchos usuarios aún confunden competencias institucionales. “Por ejemplo, nosotros no vemos licencias médicas, eso corresponde a la Superintendencia de Seguridad Social”.
Entre los motivos más frecuentes de reclamos, mencionó el incumplimiento de la Ley de Urgencia, problemas de cobertura con FONASA o ISAPRE, y vulneraciones a los derechos de los pacientes, como la falta de información clara sobre tratamientos o presupuestos médicos. “Uno de los principales reclamos es que el médico no informa bien el diagnóstico o que los presupuestos entregados por clínicas no se ajustan a lo que finalmente se cobra. Eso también es materia de fiscalización”, aseguró.
Sobre los derechos consagrados por ley, recordó que estos incluyen recibir atención digna, ser tratado con respeto, tener privacidad, conocer el estado de salud y acceder a una atención segura. No obstante, admitió que la ley actual es más robusta en derechos que en deberes y que, además, limita la capacidad fiscalizadora del organismo. “Queremos cambiar eso. Estamos discutiendo una ley en el Congreso para tener más atribuciones que nos permitan fiscalizar de forma más efectiva tanto a prestadores públicos como privados”, adelantó.
Finalmente, Víctor Torres llamó a la ciudadanía a estar informada y anticipar decisiones ante eventuales situaciones de salud. “Ojalá uno pudiera conversar con la familia antes, porque nunca se sabe cuándo se va a necesitar atención urgente. Conocer la red preferencial de su seguro puede marcar una gran diferencia”, concluyó.
