La Comisión de Derechos Humanos de Quillota llamó al Ministerio Público a iniciar una investigación al respecto.
QUILLOTA.- Este lunes 29 de diciembre se descubrió que desconocidos vandalizaron el monumento a las víctimas del falso asalto a la patrulla, un cobarde crimen cometido el 18 de enero de 1974, en el contexto de la persecución política de la dictadura cívico-militar de Chile.
Falta poco para que se cumplan 53 años del crimen, en el que fueron ejecutados nueve quillotanos en el paso bajo nivel camino San Isidro. Las víctimas eran dirigentes sociales y políticos, quienes iban a ser trasladadas, supuestamente, en convoy militar hasta el Regimiento de Ingenieros Aconcagua, donde se ubicaba la Escuela de Caballería de San Isidro.
Sin embargo, en medio de la noche y la oscuridad, la patrulla militar detuvo repentinamente su marcha cuando iba en el paso bajo nivel San Isidro. Se le ordenó a los nueve detenidos bajar del vehículo y momentos después, se les fusiló.
El gobernador de la dictadura civil-militar emitió rápidamente un comunicado en el semanario local, indicando, falsamente, que el convoy militar había sido emboscado por extremistas de izquierda, donde se produjo un enfrentamiento armado. En este supuesto fuego cruzado, murieron cinco de los prisioneros que iban a bordo y se señaló que tres lograron fugarse.
Quienes iban a bordo del convoy militar, como detenidos, eran el ex alcalde de Quillota, Pablo Gac Espinoza; el abogado Rubén Cabezas Pares y los dirigentes Manuel Hurtado Martínez, Víctor Fuenzalida Fuenzalida, Levi Arraño Sancho, Ángel Díaz Castro, Hugo Aranda Bruna, Julio Loo Prado y Osvaldo Manzano Cortés.
Esta versión manipulada de los hechos se impuso a la sociedad chilena como verdad absoluta durante los casi 17 años de la dictadura civil-militar. Sin embargo, tras el retorno de la democracia, finalmente se conoció la realidad con la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, creada por el presidente Patricio Aylwin Azócar en el Informe publicado en 1991.
El informe estableció que la ejecución de los prisioneros fue deliberada, planificada y que nunca ocurrió un ataque extremista. Los dirigentes sociales y políticos se presentaron ante los militares cuando fueron citados, o en los casos en que fueron detenidos en sus casas o lugares de trabajo, no opusieron resistencia. El informe sostiene: “Resulta inverosímil que personas desarmadas y engrilladas, dañadas física y psicológicamente por las torturas y vejámenes previos quisieran y pudieran darse a la fuga”.
Como no hubo condenas ejemplificadoras para los autores de estos crímenes de lesa humanidad, se erigió el monumento en el paso bajo nivel San Isidro, una vía recomendada por el Informe Rettig para preservar la historia, reparar simbólicamente a las familias de las víctimas y generar condiciones institucionales y culturales que garanticen la no repetición de violaciones de derechos esenciales.
La Comisión de Derechos Humanos de Quillota condenó la vandalización al monumento, señalando: “Estos actos de violencia dañan la convivencia nacional, son un ultraje a la dignidad y memoria de las víctimas de la dictadura civil-militar, sus familias y la sociedad democrática. Exigimos que el Ministerio Público instruya una investigación a este respecto, que se individualice a responsables y se apliquen las sanciones penales que en derecho corresponden”
