El diputado Nelson Venegas (PS) dijo que solicitará a la Contraloría Regional de Valparaíso que investigue los contratos suscritos por la compañía.
HIJUELAS.- En conversación con Observador.cl, la alcaldesa de Hijuelas, Verónica Rossat, se refirió a los antecedentes que dio a conocer “El Mostrador” respecto a la empresa de seguridad Protec. Esta es una compañía donde la alcaldesa es la accionista mayoritaria, con un 75% de propiedad.
La empresa recibió y aceptó 501 órdenes de compra de 37 organismos estatales entre julio de 2021 y octubre de 2026, por servicios que incluyen guardias de seguridad y sistemas de alarmas.
El principal cuestionamiento apunta a la Ley 21.659 sobre Seguridad Privada, cuyo artículo 36 establece restricciones y prohíbe para que empresas en las que participan alcaldes y concejales presten este tipo de servicios a la Administración del Estado. La normativa entró en vigor el 28 de noviembre de 2025.
De acuerdo con los antecedentes publicados por “El Mostrador”, 87 órdenes de compra corresponden al período posterior a la entrada en vigencia de esta ley. De estas, 64 provienen de las 12 licitaciones adjudicadas antes del 28 de noviembre de 2025.
En cambio, 17 se concretaron a partir de 9 licitaciones adjudicadas después de la entrada en vigencia de la norma.
Alcaldesa Verónica Rossat: “Nunca he hecho gestión con ninguna institución pública para tener un contrato”
Consultada por la situación, la alcaldesa de Hijuelas, Verónica Rossat, dijo: “Esta empresa yo la tengo desde el año 88, no es algo nuevo ni mucho menos, hace 38 años que creé esto cuando tenía 25 años. Y quiero dejar claro algunas cosas: aquí está todo declarado en mis DIP, en mis Declaraciones de Interés y Patrimonio. No escondo nada ni mucho menos y pago impuestos anualmente como cualquier empresario”.
“Quiero dejar en claro es que tampoco he trabajado con el Municipio de Hijuelas ni mucho menos. Todas las licitaciones y todas esas cosas se ganan por Mercado Público, son todas licitaciones públicas. Y en el fondo se ganan porque nosotros tenemos la norma de calidad desde muchos años, la ISO 9.000 y otras (…)”, comentó la alcaldesa, quien agregó: “Nunca he hecho gestión con ninguna institución pública para tener un contrato ni mucho menos”.
Presentación ante la Contraloría
El diputado Nelson Venegas (PS) dijo que solicitará a la Contraloría Regional de Valparaíso que investigue los contratos suscritos por la empresa de seguridad Protec con organismos públicos.
Venegas hará la presentación junto a los concejales de Hijuelas, Gladys Verdugo y Aroldo Vargas. Ellos esperan que el organismo fiscalizador determine si existen incumplimientos legales o responsabilidades administrativas.
“Estamos frente a antecedentes que deben investigarse hasta las últimas consecuencias. La ley es clara y ninguna autoridad está por encima de ella. No basta con decir que se desconocía la ley. Aquí corresponde esclarecer si hubo contratos ilegales, determinar responsabilidades y establecer si se vulneró la probidad administrativa”, dijo el parlamentario.
Por su parte, la alcaldesa Rossat dijo a Observador.cl: “Con respecto a la administración de la empresa, la gerencia, son otras personas las que dirigen, administran, las que representan legalmente. O sea, yo no tengo ahí nada, soy solamente socia y como socia tengo retiros y derechos como socia de responsabilidad limitada. Pero yo no administro, no veo nada referente a eso”.
Consultada sobre si desconocía la norma que entró en vigencia en noviembre de 2025, la jefa comunal indicó: “Es discutible cuando entra en vigencia, cuando hay una sociedad que está autorizada, cuando hay contratos que han partido de antes, que llevan años. Entonces desde ese punto de vista es que en el fondo se ve desde cuándo empezaría a aplicarse con respecto a nosotros, que tenemos autorizaciones vigentes hasta el próximo año 2027. Lo otro es que esto empezó después que yo había sido electa, entonces todas esas cosas hay que ver, pero eso lo ven los abogados, yo no me meto en nada que tenga relacionado ni con la administración ni con eso”.
“Todo esto lo están viendo los abogados, están viendo cuáles son los cursos a seguir. Entonces no tengo mucho más que decir”, añadió Rossat. “Aquí no hay delito ni nada (…) Quieren levantar algo que no existe, así de simple”, sentenció.
Cabe precisar que el anuncio de una denuncia no constituye por sí mismo una declaración de ilegalidad o culpabilidad. Corresponderá a los organismos competentes establecer si las operaciones cuestionadas infringieron la normativa vigente.
