El gobernador regional denunció que los mensajes “ponen en peligro” su integridad física y advirtió que buscan “inhibir la acción pública y denostar la democracia”.
El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, denunció haber recibido amenazas de muerte a través de redes sociales. Mensajes que —según sus propias palabras— “ponen en peligro la integridad física” de su persona y que hoy están siendo investigados por la Brigada del Cibercrimen de la PDI.
Hasta el Gobierno Regional llegaron funcionarios especializados, encabezados por el comisario Francisco Zúñiga y el subcomisario Sebastián Jerez, para recoger los antecedentes e iniciar una investigación que, más allá de identificar responsables, abre una pregunta de fondo: ¿hasta dónde ha escalado el tono del debate público?
Porque lo ocurrido no se queda en lo individual, Mundaca lo plantean sin rodeos: “Acciones de esta naturaleza lo que buscan es inhibir la acción pública, la gestión pública, pero por sobre todas las cosas, denostar la democracia”, señaló.
La frase no es casual y apunta a un fenómeno que se ha ido instalando, silencioso pero persistente, en distintos niveles del ejercicio político: la amenaza como herramienta de presión.
En ese contexto, la respuesta del gobernador no es de repliegue, por el contrario, es de reafirmación. “Quienes creen que con amenazas se va a inhibir la gestión democrática de una autoridad electa están profundamente equivocados”, advierte, marcando una línea clara frente a cualquier intento de amedrentamiento.
De esta manera y sin ánimo de dramatizar, la autoridad regional señala que no está dispuesto a normalizar este tipo de actos. “No tengo ningún propósito de victimizarme”, aclara. Y, de inmediato, vuelve al eje de su rol: “Soy un ciudadano que está todos los días pensando en el bienestar de la región”.
Ahí está, quizás, el punto más delicado de este episodio. No solo lo que se dijo en esas amenazas, sino lo que representan: el intento de correr la discusión desde las ideas hacia el miedo.
Mientras la PDI avanza en la investigación para dar con el origen de los mensajes, el caso deja instalada una señal incómoda, pero necesaria. Cuando la amenaza entra en la conversación pública, la democracia no solo se tensiona, se pone a prueba.
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