Los dueños de Fundo Las Tórtolas acudieron a la justicia por una presunta obstrucción a la investigación, tras detectar mensajes y llamados de un sujeto que habría entregado información falsa a la familia de María Ercira Contreras e incluso pidió dinero haciéndose pasar por investigador privado.
Una nueva arista se abrió en el caso por la desaparición de María Ercira Contreras, la adulta mayor cuyo rastro se perdió en mayo de 2024 en Limache. Esta vez, no se trata de un hallazgo en la búsqueda, sino de una acción judicial presentada por los dueños de Fundo Las Tórtolas contra un sujeto acusado de entregar información falsa y entorpecer la indagatoria.
La querella fue interpuesta por Andreas Kleinert y apunta al delito de obstrucción a la investigación. Según los antecedentes conocidos este miércoles 25 de marzo de 2026, el individuo habría contactado a familiares de la desaparecida haciéndose pasar primero por trabajador del recinto y luego como supuesto investigador privado, asegurando tener datos relevantes sobre el paradero de María Ercira.
De acuerdo con la acción judicial, el hombre no solo difundió versiones sin sustento, sino que además habría ofrecido “servicios” de investigación a cambio de dinero. En los mensajes enviados a Carla Hernández, nieta de la adulta mayor, incluso deslizó acusaciones graves contra los propietarios del fundo, habló de un supuesto secuestro y lanzó afirmaciones sobre amenazas y destrucción de evidencia, antecedentes que luego no tuvieron respaldo.
Desde la familia de María Ercira también marcaron distancia de esas versiones. José Luis Hernández, hijo de la mujer desaparecida, sostuvo que las acusaciones carecían de base y que este tipo de maniobras solo ensucian una investigación ya compleja. Carla Hernández, en tanto, señaló que todos los mensajes fueron entregados a la PDI y valoró que la querella permita intentar esclarecer quién estaba detrás de esos contactos y con qué propósito.
La defensa de los Kleinert sostuvo que esta acción busca fijar responsabilidades en un caso donde, a su juicio, se ha especulado demasiado. El abogado Lizandro Godoy afirmó que no se trata solo de defender la imagen de sus representados, sino también de poner un estándar mínimo de responsabilidad en medio de una causa que ha golpeado tanto a la familia de la desaparecida como al propio recinto donde se le perdió el rastro.
Así, mientras la búsqueda de María Ercira sigue sin una respuesta definitiva, esta querella suma un nuevo foco: determinar si detrás de estos mensajes hubo una maniobra distractiva, un intento de obstrucción o simplemente el aprovechamiento cruel de una tragedia familiar.
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