El ente fiscalizador determinó que se utilizaron vallas, graderías y otros recursos municipales en una actividad vinculada a la excandidata presidencial Jeannette Jara
La Contraloría General de la República instruyó a la Municipalidad de La Ligua iniciar un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades funcionarias por el uso de bienes públicos en una actividad política asociada a la excandidata presidencial Jeannette Jara.
La resolución se originó tras una denuncia presentada ante el Servicio Electoral por la Fundación Fuerza Ciudadana, referida a un “Encuentro con Jeannette Jara” realizado el 12 de septiembre de 2025 en la Plaza de Armas de La Ligua, fuera del período oficial de campaña electoral.
En el marco de sus atribuciones legales, la Contraloría llevó adelante una inspección tanto en el municipio como en la Delegación Presidencial Provincial de Petorca. Respecto de la autorización del acto, el órgano contralor concluyó que no existieron irregularidades, ya que el evento contaba con informe favorable de Carabineros de Chile y con autorización de la Seremi de Transportes para el cierre de calles y suspensión del tránsito, conforme al decreto supremo N° 1.086 del Ministerio del Interior.
Sin embargo, la Contraloría sí acogió la denuncia en lo relativo al uso de bienes municipales. Según el dictamen, durante la actividad se utilizaron vallas perimetrales, graderías y otros implementos del municipio, además de participación de personal municipal en su preparación, lo que fue calificado como ajeno a los fines institucionales de la entidad edilicia.
“El municipio facilitó y permitió el uso de bienes públicos en una actividad de carácter político, incumpliendo la normativa y la jurisprudencia administrativa vigente”, señala el documento, agregando que la autoridad comunal deberá adoptar medidas para resguardar que estos recursos sean utilizados exclusivamente para los fines autorizados.
En este contexto, la Contraloría ordenó instruir un sumario administrativo, cuyo inicio deberá ser informado a la Unidad de Seguimiento de la Fiscalía del organismo contralor en un plazo de 15 días hábiles desde la recepción del oficio.
El abogado denunciante, Raimundo Palamara, valoró la resolución, señalando a Radio Biobío que “se vulneró el principio de probidad, ya que bienes municipales fueron utilizados derechamente para una actividad política, lo que está expresamente prohibido por la ley”.
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