Por Roberto Silva Bijit
Fundador Diario “El Observador”
No da para más la postergación a la modificación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. La crisis se agudiza y las bandas criminales y la delincuencia en general, tienen completamente claro que si usan niños o jóvenes podrán lograr su objetivo sin que nadie quede preso.
Lo grave es que el Estado los deja siempre en libertad, entonces ni los tiene presos, ni los hace participar en planes de reinserción. Estamos frente al peor escenario.
Lo que ocurrió esta semana con el portonazo en San Bernardo es la mejor demostración de que los jovencitos están preparados para todo tipo de delitos y a sangre fría. Nunca se detuvieron sabiendo que venían arrastrando a un niño que quedó atascado en el cinturón de seguridad. Más de tres kilómetros en que el menor se fue muriendo de golpes con el pavimento.
La policía los atrapó rápidamente. Habían cometido momentos antes un robo en un servicentro, donde quedaron grabados. Se relacionó el auto que los conducía y los detuvieron. En todas las grabaciones donde aparecieron se comportaron sin manifestar el menor arrepentimiento. Son delincuentes con experiencia. La mayoría tenía detenciones anteriores. De esas detenciones que no sirven para nada porque como son “niñitos” los dejan en libertad.
Los índices de delitos demuestran la acción permanente de jóvenes como puntas de lanza en las operaciones. No hace mucho vimos a un delincuente juvenil que actuaba en conjunto con su mamá. El descaro es total porque la ley ampara a los delincuentes y no a las víctimas.
La Ley de Responsabilidad Penal Adolescente regula los delitos de jóvenes entre 14 y 18 años, pero por sobre todas las cosas se preocupa de su reinserción social y de garantizar sus derechos procesales. No en castigarlos con cárcel, ya que esa es la última opción. La ley dice que “las sanciones privativas de libertad deben ser el último recurso”.
Cuando el delito es grave, como en el caso del niño de 12 años asesinado por desidia, por no frenar el auto, por saber que quedarán impunes hagan lo que hagan, la ley fija una diferencia respecto a la “internación en régimen cerrado” (como llama a meterlos presos) dejando con cinco años como máximo a los muchachos entre 14 y 16 años, y con un máximo de 10 años para jóvenes entre 16 y 18 años.
También la ley tiene una modalidad de “libertad asistida con internación parcial” que busca educación, rehabilitación y reinserción social. Pero la realidad, la dura realidad, demuestra que nada de eso ha funcionado. Incluso hay quienes están propiciando que tengan responsabilidad penal jóvenes entre 12 y 14 años.
Un grupo de parlamentarios de Renovación Nacional presentó un proyecto de ley para eliminar las rebajas automáticas y para terminar con el uso de la “irreprochable conducta anterior”, que es la fórmula que se usa para dejarlos libres. Pero se necesita mucho más.
¿Cuál fue la reacción de nuestra sociedad?
Tres respuestas.
1.- La madre del niño declaró en la televisión que lo único que ella quiere es matar a los menores que asesinaron a su hijo. Que todo lo demás no tiene sentido porque sabe que nunca pagarán su culpa en el actual sistema.
2.- Un sector de la centro izquierda, generadora de muchos otros relajos legislativos, se preguntó: “¿Qué estamos haciendo mal?” Como buscando disminuir la responsabilidad directa de los criminales juveniles y tratando de pasarle la cuenta al sistema.
3.- El alcalde socialista de San Bernardo pidió la intervención de los militares para patrullar las calles. Como se sabe los militares no están preparados, no deben y ellos mismos no quieren.
Lo único que cabe ahora es darle urgencia a la discusión de modificaciones a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, para intentar frenar la participación juvenil en miles de delitos.
No nos podemos quedar inmóviles entre el dolor y la rabia. Es hora de actuar.
*Imagen de Redes Sociales.
