Un complejo escenario enfrenta la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) luego que se revelara una presunta alteración, entre 2021 y 2025, de la metodología utilizada para calcular la recuperación de azufre en la Refinería Aconcagua, ubicada en Concón. El diputado del distrito 6, Luis Pardo, calificó el hecho como “doblemente grave”.
El parlamentario, miembro de la comisión de medioambiente, afirmó que las irregularidades denunciadas tienen un impacto institucional y ambiental. Primero, “por lo que implica una eventual adulteración del resultado de las mediciones de elementos contaminantes, que daña severamente la fe pública y afecta la confianza en un tema altamente sensible como es la calidad del aire y su impacto en la salud de la población”, expresó.
Según publicó Biobio.cl, correos, mensajes de whatsapp y documentación interna de la ENAP, demostrarían que, desde enero de 2025, sus ejecutivos ya sabían de las incongruencias metodológicas y cálculos de emisiones que no se ajustaban a los aprobados por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).
ENAP reconoció las inconsistencias en las emisiones de azufre y dióxido de azufre (SO), que no habrían sido contabilizadas en sus reportes. Tanto la fiscalía como la SMA, ya investigan los hechos que, según versiones extraoficiales, podrían haber estado motivados por el cumplimiento de metas asociadas al pago de bonos.
Sobre estas supuestas motivaciones económicas detrás de la manipulación de datos, el diputado Pardo alertó sobre las posibles responsabilidades directas en la alta directiva:
“Si esta adulteración de indicadores medioambientales tenía como propósito obtener un beneficio económico a través de los bonos que se pagan a determinados ejecutivos, hay una falta a la ética y a la probidad muy grande, pero además responsabilidades penales que deben ser investigadas”.
El legislador fue enfático en desmarcar al personal operativo y exigir un desglose transparente de los involucrados: “Quiero ser muy claro, los bonos los fijan los ejecutivos y no los trabajadores, de manera que es indispensable para la fe pública que se aclare con meridiana claridad qué indicadores fueron adulterados y en qué cuantía, quiénes fueron los responsables de esas adulteraciones y quiénes fueron beneficiados y en qué montos”, concluyó, instando a la estatal a ejercer acciones legales si se confirman delitos.
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