Por Roberto Silva Bijit
Fundador Diario “El Observador”
Este artículo trata sobre un tema crucial para la seguridad de todos nosotros. Las historias tan distintas de dos oficiales de Carabineros reflejan la crisis del sistema judicial y del sistema político chileno.
Los jueces fallan en forma contradictoria y los políticos son incapaces de legislar a favor de la seguridad.
El primer caso: el oficial Jaime Cerda Alcalde.
El 18 de enero de 1986, Cerda mató al joven de 23 años, Juan Carlos González, en plena calle J. J. Pérez de La Calera. Lo arrestó junto a un amigo de Juan Carlos y cuando ya los tenía detenidos (bajo su esfera de protección) le DISPARÓ A QUEMARROPA, causándole la muerte, sin que hubiera provocación alguna. Mata cuando ya lo tiene detenido y bajo su responsabilidad. Este es un caso típico de “apremio ilegítimo”, es decir, que abusó de su poder cuando ya lo tenía detenido y en esas condiciones le dispara a matar. Ese oficial es responsable de una muy mala acción y merece castigo.
Como los hechos ocurrieron en dictadura, la causa fue sobreseída por la Justicia Militar. Después de 36 años de ocurridos los hechos, en junio de 2022, el Ministro en Visita para causas de Derechos Humanos, realizó la reconstitución de escena y después lo condenó a cinco años de presidio. Ahora, en agosto de 2026, la Corte Suprema no aceptó las peticiones de absolución de Cerda y ratificó la condena por los mismos cinco años, pero con libertad vigilada. O sea, lo mató cuando ya lo tenía detenido y quedó casi en libertad total. Una burla. La humilde familia del joven todavía pide justicia y mantiene una foto de su hijo en medio del living y con una velita encendida.
Pasaron largos 40 años para que la justicia pudiera pronunciarse sobre un caso evidente de abusos con causa de muerte por parte de un oficial de Carabineros.
El segundo caso: el oficial Patricio Maturana.
El 26 de noviembre de 2019, a medianoche, Maturana disparó una bomba lacrimógena para dispersar a un grupo de manifestantes que estaba interrumpiendo una línea de metro en San Bernardo, durante los negros sucesos del denominado Estallido Social. Carabineros acudió al lugar por un llamado para que restablecieran el orden.
La bomba lacrimógena dio en el rostro de Fabiola Campillai, que estaba en medio de los manifestantes, a poco más de 50 METROS DE DISTANCIA del oficial de Carabineros, por lo tanto, Campillai no estaba bajo la esfera de protección de Maturana. A la Justicia no le importó ni la distancia ni la falta de intencionalidad o decisión de atacar a una persona y determinó que el oficial cometió “apremios ilegítimos”, no considerando que eran cincuenta metros y que disparó al grupo y no a una persona en particular.
Fabiola Campillai perdió la vista en sus dos ojos debido al estallido de sus globos oculares. Patricio Maturana fue condenado a 12 años de presidio efectivo por actuar en el control del orden público frente a manifestantes que atacaban a la autoridad.
Conclusión: los parlamentarios deben revisar la ley que regula los apremios ilegítimos, porque es un hecho que Cerda mató a su detenido y está casi libre y que Maturana estaba muy lejos de Campillai y está sometido a 12 años de presidio efectivo.
Otra conclusión: esta es la razón por la que mucha gente le pide al Presidente Kast que indulte a Patricio Maturana, ya que no tenía bajo su esfera de control a Fabiola Campillai.
El debilitamiento de las policías chilenas por mala administración de justicia y por leyes mal elaboradas, que no cumplen su objetivo de darle autoridad a la autoridad, están permitiendo no solamente casos tan contradictorios como Cerda-Maturana, sino poniendo en riesgo que en el futuro nos puedan devolver la tranquilidad y la seguridad que tanto necesitamos los que vivimos en esta patria.
*Imagen de Redes Sociales.
