Cinco detenidos dejó un operativo de la PDI, Aduanas y Fiscalía tras incautar 58 kilos de Dimetiltriptamina en el paso Los Libertadores. La droga estaba destinada a una actividad con más de 100 participantes este fin de semana.
Una investigación coordinada entre la Policía de Investigaciones, el Servicio Nacional de Aduanas y el Ministerio Público permitió desarticular una organización dedicada a la internación y distribución de sustancias psicotrópicas en el país.
El procedimiento se originó en el paso fronterizo Los Libertadores, donde detectives de la Brigada Antinarcóticos Los Andes detectaron a un ciudadano brasileño que transportaba, ocultas en su equipaje, 23 botellas con un total de 58 kilos de una sustancia líquida.
Tras los peritajes realizados por personal especializado, se confirmó que se trataba de Dimetiltriptamina (DMT), componente activo de la ayahuasca, sustancia regulada por la Ley 20.000 y avaluada en cerca de 193 millones de pesos.
A partir de este hallazgo, y por instrucción de la Fiscalía, se ejecutó una entrega controlada en la Región Metropolitana, lo que permitió la detención de otras cuatro personas, entre ellas el presunto financista de la operación.
El comisario Gonzalo Santander, jefe de la Brigada de Investigaciones de Sustancias Químicas Controladas (BRISUQ), explicó que “este procedimiento se enmarca en un trabajo coordinado que permitió detectar el ingreso de esta sustancia al país, identificar su destino y concretar la detención de todos los involucrados en la cadena delictual”.
Además, durante el operativo se incautaron otras drogas, entre ellas 34 gramos de nitrito de isopentilo (popper), 3 gramos de hongos alucinógenos y 13,5 gramos de cannabis.
Según antecedentes de la investigación, la sustancia tenía como destino un ritual que se realizaría durante este fin de semana en Santiago, en el que participarían más de 100 personas.
En tanto, el delegado presidencial provincial de Los Andes, Ricardo Figueroa, valoró el trabajo interinstitucional y señaló que “este tipo de resultados refleja el compromiso de las instituciones del Estado para enfrentar el tráfico de sustancias ilícitas y proteger la seguridad de la ciudadanía”.
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