La entidad municipal fue multada con 20 UTM y se le ordenó un millonario pago al denunciante, además de restituirlo como funcionario público
El pasado 19 de diciembre, se dio a conocer la sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Felipe, contra el Municipio de la comuna, por cometer los delitos de prácticas antisindicales y tutela laboral hacia José Madrid, presidente de la Asociación de Funcionarios Municipales, asistente social y encargado del Departamento Social de Dideco.
La condena obligará el pago de 10 millones de pesos al afectado, junto con restituirlo en su anterior cargo. Además, la municipalidad sanfelipeña, representada por su alcaldesa Carmen Castillo, deberá pagar una multa de 20 UTM, que será destinada al Fondo de Formación Sindical.
LOS HECHOS
Desde hace al menos una década, José Madrid era funcionario de la Dideco en San Felipe, con el rol de encargado del Departamento Social. Trabajo que compartía con sus labores sindicalistas, ya que a partir del 2023, se desempeñaba también como presidente de la Asociación de Funcionarios Municipales. Nunca habiendo presentado alguna situación compleja en ninguna de los dos cargos.
Pero repentinamente en enero de este año, fue notificado mediante Decreto Alcaldicio que sería reasignado como encargado de la Oficina de Desarrollo Local. Sin la autorización escrita del afectado, que es necesaria para realizar este tipo de cambios.
Tras esto, Madrid denunció ante tribunales la situación alegando no solo la vulneración de su fuero sindical, si no que también práctica antisindical, y su derecho a la libertad de expresión por apoyo público a otra candidata alcaldicia y a la libertad de asociación. Solicitando anular el decreto, multar con el monto máximo a la entidad demandada, indemnización por daño moral, disculpas públicas y oficio a las autoridades correspondientes.
Por su parte, desde la Municipalidad de San Felipe negaron cualquier tipo de hostigamiento hacia Madrid, argumentado que el cambio se había producido debido a la reestructuración de Dideco, luego de que asumiera una nueva dirección. Sumado a las pérdidas de fondos en programas sociales. Rechazando también las acusaciones de represalias políticas o sindicales, afirmando su respeto por la diversidad de opiniones.
Sin embargo, debido a las múltiples pruebas presentadas por Madrid, el tribunal acogió lo demandado aplicando el Código del Trabajo. Apelando a cambios injustificados pese al fuero sindical, fondos perdidos no imputados formalmente, apoyo político no desmentido y daño moral acreditado.
REACCIONES
La diputada aconcagüina, María Francisca Bello, se refirió a la sentencia mencionando que “cuando se persigue o silencia a quienes defienden derechos, se debilita la democracia local. Fortalecer el diálogo y respetar la organización sindical es indispensable para construir instituciones públicas más justas y al servicio de la comunidad”.
