Por Roberto Silva Bijit
Fundador Diario “El Observador”
De las 3 mil 216 personas que fueron asesinadas durante los 17 años de Pinochet, mil 87 fueron detenidos-desaparecidos. Es decir, fueron primero detenidos por funcionarios públicos, llevados en vehículos fiscales a recintos fiscales, allí en la mayoría de los casos los visitaron sus familiares, y segundo, desaparecieron, ya sea porque inventaron una fuga, o lo que fue peor, porque nunca “estuvieron presos”, respuesta que se la dieron a familias que días antes les habían llevado café y frazadas a los detenidos. En resumen: responsabilidad del Estado en su desaparición.
La mayoría no apareció nunca jamás. Las familias no pudieron cumplir con ese mandato tan importante y básico que es darle sepultura a un cuerpo, poner una lápida, poder visitarlo y llevarle flores, oraciones o palabras de cariño. Quitarles ese derecho a los familiares es quitarles todo.
He escuchado a gente reclamar diciendo que “hasta cuándo con los detenidos-desaparecidos”, pero dicen eso porque no entienden que nunca está muerto un detenido-desaparecido, aunque pasen 50 años. Si no aparece, la espera maldita sigue y sigue y se va alargando con los hijos y nietos a lo largo del tiempo. Un dolor que nunca descansa.
El próximo miércoles se conmemora con pena y con rabia el Día de los Detenidos-Desaparecidos. Si ya los mataron ¿por qué no les entregaron los cuerpos a sus familiares? Una crueldad infinita no hacerlo, cuando ya nada haría cambiar la historia de esas personas ni la de sus seres queridos.
Entre la noche del 17 y la madrugada del 18 de enero de 1974, militares de la Escuela de Caballería, al mando del coronel Sergio Arredondo González (que venía de fatal integrante de la Caravana de la Muerte) y el teniente Francisco Pérez Egert, asesinaron a nueve personas, tres las transformaron en detenidos-desaparecidos y seis las entregaron baleadas a sus familiares.
Es el peor crimen de la historia de Quillota. Ninguno de los nueve fue acusado de nada, ninguno con un proceso judicial, todos asesinados sin piedad y sin sentencia.
Los cuerpos de esos seis destacados dirigentes quillotanos fueron entregados en ataúdes cerrados, sin que los pudieran revisar. Ellos fueron Hugo Hernán Aranda Bruna, Julio Arturo Loo Pardo, Eduardo Manzano Cortez, Víctor Enrique Fuenzalida, Ángel Mario Díaz Castro y Manuel Hernán Hurtado.
“El Observador” pudo reconstruir la historia gracias a un testigo calificado que declaró para el diario todo lo que vivió esa noche y madrugada de terror, en el cínico “Asalto a la Patrulla”, que no fue más que una masacre a los detenidos que trasladaban desde el Regimiento a la Escuela de Caballería.
Por mucho que los familiares interpusieron demandas, nunca se aclaró el paradero del abogado Rubén Cabezas Parés, del ex alcalde Pablo Gac Espinoza y del dirigente agrícola Levi Arraño. El valiente juez de Quillota, Raúl Beltramí Lazo, inició una acción judicial contra los criminales, que con el paso del tiempo logró que la justicia entrara a la Escuela de Caballería y buscara los cuerpos de los detenidos-desaparecidos, sin embargo, ya habían sido removidos y llevados a otro lugar. Su paradero final parece haber sido un saco y un pedazo de riel amarrado al cuerpo, para lanzarlos desde el aire al mar, en la costa norte de la Quinta Región, donde alguna vez apareció uno de los cuerpos, delatando la forma en que habían vuelto a ser “desaparecidos”.
Una historia macabra, donde las familias han sufrido todo el tiempo la tortura permanente de no saber nunca ni cómo los mataron ni dónde los lanzaron.
Una historia que no debe quedar en el olvido.
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