Acusan al Gobierno de omisión y falta de medidas eficaces frente a los reiterados episodios de contaminación
QUINTERO/PUCHUNCAVÍ . La Federación de Pescadores Artesanales Bahía Narau de Quintero y Puchuncaví, junto a sus sindicatos asociados, interpuso este viernes un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, acusando la omisión y falta de medidas eficaces de las autoridades frente a los reiterados episodios de contaminación.
La crisis ambiental, que afecta a la bahía desde fines de septiembre, ha provocado la intoxicación de más de 200 personas, incluyendo niños y trabajadores de establecimientos educacionales. Los pescadores califican la inacción como un “abandono prolongado del Estado”.
Recurso Contra Seis Autoridades e Incumplimiento de Sentencia
La acción judicial fue dirigida contra seis entidades y autoridades regionales y sectoriales, entre ellas: la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, el Delegado Presidencial para la Gestión de la Crisis Socioambiental, la Seremi de Salud y la Superintendencia del Medioambiente (SMA).
El abogado patrocinante, Enrique Kittsteiner, señaló que la base del recurso es la duda sobre el cumplimiento de una sentencia de la Corte Suprema de 2018, que ordenó a las instituciones someterse a controles ambientales.
“Tenemos la legítima duda de que eso no se esté haciendo o, si se hace, se hace mal. Por eso recurrimos en representación de más de 600 pescadores y de toda la comunidad”, afirmó el jurista.
El recurso busca que la Corte ordene a las autoridades remitir todos los antecedentes, bitácoras y mediciones realizadas desde el 28 de septiembre a la fecha de los episodios tóxicos.
Exigen Identificar a Empresas Responsables
En detalle, la acción judicial exige oficiar a más de 15 entidades públicas y privadas para esclarecer el origen de las emisiones. Entre las empresas del cordón industrial que deben ser notificadas se encuentran ENAP, Copec, Gasmar y Oxiqim.
“Lo que queremos acá es saber qué pasa. Si hay algo que se está haciendo mal, la comunidad tiene el derecho legítimo a conocerlo y a exigir responsabilidades”, añadió Kittsteiner.
El presidente de la Federación Bahía Narau, Hugo Poblete, expresó su profunda molestia por lo que considera un incumplimiento reiterado del Gobierno: “Esto se arrastra hace más de una década. En 2018 tuvimos más de 2 mil niños intoxicados… hoy volvemos a lo mismo, olores a cloro, dolores de cabeza, vómitos, escuelas evacuadas”.
Poblete acusó que las autoridades solo aparecen para “apagar incendios, no para prevenirlos”, y recalcó que la exigencia es que se identifique a las empresas responsables y se tomen medidas drásticas, calificando la situación como una “violación de derechos humanos”.
Finalmente, el dirigente advirtió que la contaminación no solo afecta la salud, sino también el sustento económico de las familias pesqueras, pues la bahía se encuentra saturada e invadida por el parque industrial, lo que hace imposible la pesca artesanal.
