Tras gestiones con Hacienda, la parlamentaria valoró la restitución de $28 mil millones a la Ley Ricarte Soto y la protección de cuatro programas de atención primaria, aunque lamentó que el Gobierno no accediera a aumentar el per cápita.
Tras las gestiones y el diálogo sostenido con Hacienda durante la tramitación del Presupuesto 2027, la senadora Karol Cariola logró que el Ejecutivo acogiera su indicación para restituir los $28 mil millones recortados a la Ley Ricarte Soto y resguardar el financiamiento de cuatro programas de atención primaria.
“No hay mucho que celebrar, lo que acá nosotros logramos hacer es más bien reponer recursos que se habían rebajado”, sostuvo Cariola, advirtiendo que el recorte a la Ley Ricarte Soto generaba incertidumbre para las más de 46 mil personas que dependen de esta cobertura para acceder a sus tratamientos.
“Nosotros logramos a través de una conversación, a través de un diálogo, reponer estos recursos, pero además garantizar que si se requieren recursos adicionales sean incorporados a través del Tesoro Público”, destacó. Agregó que buscan establecer en un protocolo de acuerdo, aún en desarrollo, la incorporación de nuevas patologías.
En atención primaria, el acuerdo permitió proteger el financiamiento de Salud Bucal, Cuidados Paliativos Universales, Más Adultos Mayores Autovalentes y el Modelo de Atención Integral en Salud Familiar y Comunitaria, junto con asegurar la continuidad del personal que ejecuta estos programas en los municipios.
“Logramos resguardar su financiamiento de manera clara y además la mantención del personal que hoy día ejecuta estos programas dentro de los municipios”, valoró la senadora, destacando también recursos complementarios para más de 60 comunas.
Sin embargo, lamentó que Hacienda no accediera a aumentar el per cápita, cuyo reajuste alcanza apenas $200 adicionales por persona inscrita. “No logramos todo lo que queríamos, pero sin duda que es un avance respecto del retroceso que el gobierno traía con su propuesta original”, expresó.
En materia regional, exigió priorizar la reconstrucción del Hospital Van Buren, el CESFAM Las Cañas, Nuevo Aurora, SAR Placilla y SAR Quebrada Verde, paralizado desde mayo con un 57% de avance, situación por la que recurrió a Contraloría. También planteó habilitar el convenio con el Hospital Clínico de la Universidad de Chile para reducir las listas de espera.