Por Roberto Silva Bijit
Fundador Diario “El Observador”
Uno de los dramas más profundos y poco enfrentados en Chile es la jubilación. Todos los últimos gobiernos han fracasado en el intento. Marchas, protestas, indignadas declaraciones, pero igual no pasa nada. Trabajamos toda la vida con un sueldo razonable y cuando tomamos la decisión de descansar, recibimos menos de un tercio de ese mismo sueldo, justo cuando las enfermedades de la edad nos obligarán a mayores gastos, justo cuando tenemos todo el tiempo del mundo para poder viajar, justo cuando necesitamos más protección.
Las jubilaciones promedio en Chile están por debajo de los doscientos mil pesos, una cantidad miserable para una mujer de 60 años o para un hombre de 65 años. El sistema es perverso porque en vez de premiar el trabajo de toda una vida, castiga a los que se ven obligados a salir del sistema y jubilar. Es tan dramática la situación de una gran cantidad de chilenos afectados por este mal, que se ven obligados a seguir trabajando, a buscar peguitas sencillas, a ayudarse con “pololitos” en alguna parte donde tengan buen corazón y estén dispuestos a recibir a estos ya trabajados trabajadores.
Algunos diputados gritan, otros responden. Algunos diputados envían oficios y otros hacen declaraciones. Lo mismo hacen los senadores. Al final todo parece un tongo de proporciones porque nadie consigue legislar sobre un nuevo trato en las jubilaciones.
El tema de fondo sigue siendo el mismo: el poco tiempo que destinan los parlamentarios chilenos a la elaboración de las leyes. Tanto senadores como diputados no están suficientemente dedicados a legislar, sino a muchas otras tareas (hacer lobby, asistir a cócteles, sostener reuniones políticas, asistir a cócteles, visitar sus nuevas y más amplias zonas electorales, asistir a cócteles, hacer gestiones a favor de sus alcaldes, asistir a cócteles y tratar de salir en los medios). Por eso termina la Corte Suprema legislando con fallos que son verdaderas leyes incumplidas, o peor, nunca escritas en el Congreso.
Por ejemplo, cuando entró en vigencia la indispensable ley del control de identidad, hace cerca de siete años, inmediatamente comenzaron los rápidos mentales de los parlamentarios, a darse cuenta que la estadística en Chile (es decir la medición de la realidad) dice que en gran parte de los delitos actúan menores entre 18 y 14 años, y a veces todavía menos de esa edad, por lo tanto, hubo quienes promovieron sin éxito cambios en la ley recién aprobada, para tratar de ampliar aún más ese límite de edad, al comprobar que en la mayoría de los portonazos y los lanzazos a los celulares, hay menores de 13 años. En todo caso, sobran los ejemplos de leyes que no cumplen completamente su objetivo. Y así se lo llevan, corrigiendo leyes mal hechas, a las que le han dedicado poco tiempo y menos atención.
Una vez más, como en tantos otros temas, los problemas se resolverían con leyes mejor estudiadas, con parlamentarios convencidos que su primera responsabilidad es legislar y que la modernización de Chile pasa por una completa revisión de la legislación vigente.
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