La alcaldesa Carolina Corti, junto al Concejo Municipal, acudirá este lunes al Tribunal de Garantía para presentar una querella criminal por el incendio registrado en Avenida Los Carrera con Serrano. Una bengala lanzada desde un auto habría provocado las llamas.
El incendio estructural que la tarde del domingo movilizó a Bomberos y obligó a evacuar el Mall y la tienda Ripley en pleno centro de Quilpué dejó de ser solo una emergencia para transformarse en un caso judicial.
La Municipalidad de Quilpué confirmó que este lunes 2 de marzo, a las 12:30 horas, la alcaldesa Carolina Corti, acompañada por los concejales de la comuna, presentará una querella criminal ante el Tribunal de Garantía de Quilpué —ubicado en Covadonga N° 910— contra quienes resulten responsables del siniestro ocurrido en la intersección de Avenida Los Carrera con calle Serrano.
Del video viral al Tribunal
La acción legal se sustenta en los antecedentes recopilados tras la difusión de registros audiovisuales en redes sociales. En ellos, se observa a personas desde el interior de un vehículo lanzando bengalas en el sector, en un contexto que preliminarmente se vincula a hinchas de Colo Colo.
Desde el municipio señalaron que la querella busca perseguir penalmente a quienes ocasionaron el incendio y provocaron los daños, con el objetivo de que sean condenados con el máximo de las penas que contempla el sistema penal.
La alcaldesa ya había confirmado que se solicitó a Carabineros realizar una denuncia de oficio con los antecedentes aportados por testigos y vecinos. A partir de ello, la Fiscalía determinó la presencia de equipos especializados, incluyendo SIP y LABOCAR, para esclarecer el origen del fuego.
Riesgo urbano y responsabilidad penal
El siniestro no solo generó una amplia movilización de Bomberos de Quilpué, Villa Alemana y Viña del Mar, además de camiones aljibes municipales y equipos de Emergencia y Seguridad Pública. También dejó consecuencias directas: dos gatos resultaron con quemaduras y se debió evacuar un importante polo comercial en horario dominical.
El caso vuelve a poner bajo la lupa el uso de artefactos pirotécnicos en espacios urbanos, particularmente cuando su utilización fuera de contextos autorizados puede derivar en incendios, daños estructurales y riesgo para personas y animales.
La ofensiva judicial del municipio marca un punto de inflexión: no solo se trata de controlar una emergencia, sino de establecer responsabilidades penales cuando conductas temerarias impactan la seguridad pública.
Mientras la investigación avanza, el llamado de las autoridades es claro: denunciar cualquier hecho que ponga en riesgo a la comunidad al número 1527 de Seguridad Pública.
Ahora, el foco ya no está solo en las llamas, sino en lo que determine la justicia.
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