La acción fue interpuesta por la Fundación Fuerza Ciudadana, representada por el abogado Raimundo Palamara, y apunta a una eventual omisión reiterada de denuncia.
LA CRUZ.- El Juzgado de Garantía de La Calera declaró admisible una querella criminal presentada contra la alcaldesa de La Cruz, Filomena Navia, por una eventual omisión reiterada de denuncia.
La acción fue interpuesta por la Fundación Fuerza Ciudadana, representada por el abogado Raimundo Palamara, ex candidato republicano al Consejo Constitucional, y se relaciona con dos episodios en los que, según sostiene el querellante, la autoridad comunal habría tenido conocimiento de posibles hechos delictuales sin denunciarlos.
La admisibilidad de una querella, sin embargo, no implica que los hechos expuestos hayan sido acreditados ni que la persona querellada sea responsable de un delito. La resolución permite que la acción siga su tramitación y que las afirmaciones realizadas por el querellante sean investigadas y contrastadas con los antecedentes que se incorporen a la causa.
Uno de los episodios corresponde al caso conocido tras la detección de una plantación de marihuana durante un sobrevuelo con dron efectuado por funcionarios municipales. A raíz de esos antecedentes, la Fiscalía de La Calera inició dos causas, una de ellas relacionada con una eventual omisión de denuncia.
Segundo episodio incluido en la acción
Palamara sostiene que existiría además un segundo antecedente, surgido durante una sesión del Concejo Municipal del pasado 6 de agosto.
En aquella oportunidad, Navia cuestionó públicamente a quienes habían impulsado acciones en su contra y mencionó una situación que, según sus propios dichos, habría ocurrido meses antes en una organización vecinal.
“Sabía que tenían tomada la sede de la Junta de Vecinos de Arauco; por qué nunca denunció, por qué nunca denunciaron y permitieron que una sede social en la comuna de La Cruz estuviera tomada por personas que se dedicaban a la venta de droga”, señaló la alcaldesa, agregando posteriormente que el episodio habría ocurrido en enero.
A partir de esas palabras, la querella sostiene que la propia autoridad habría conocido aquella situación y presume que no habría efectuado una denuncia. Este punto deberá ser establecido durante la investigación, pues los antecedentes entregados hasta ahora no permiten determinar por sí solos si existió o no una denuncia previa ante los organismos competentes.
El abogado querellante acusó a Navia de decidir qué situaciones denunciar y cuáles no. Se trata de afirmaciones realizadas por una de las partes del proceso y que, por tanto, deberán ser contrastadas en sede judicial.
