Por Roberto Silva Bijit
Fundador Diario “El Observador”
Ya se ha transformado en un lugar común que cuando Carabineros detiene a un delincuente robando, revisen su prontuario y se encuentren con 15 o 30 detenciones anteriores. Después de los riesgos que corrieron para atraparlo, después de las numerosas gestiones administrativas que debieron realizar, después de gastar recursos humanos y económicos invertidos en detenerlo, lo mandan a los tribunales, donde en un par de horas queda libre.
Por un lado, la frustración de las policías y de los sistemas de seguridad ciudadana municipal, pero, por otra parte, el peligro para la sociedad que significa dejar libre a un delincuente con experiencia, que sabe que no le pasará nada, que al final, tendrá completa impunidad.
Por eso nos parece muy importante el llamado que hizo el alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, en el Encuentro de Autoridades Locales desarrollado en La Reina hace un par de semanas. Fue categórico y muy claro en plantear el problema: “No he visto todavía a ningún parlamentario con una bandera de lucha diciendo que vamos a tramitar una ley que aumente las penas” de los delincuentes, que hoy gozan de la puerta giratoria, la cual les permite seguir robando.
Lo que señala el alcalde Estay es lo razonable: los que deben asumir el problema son los legisladores, diputados y senadores, porque está claro que las actuales leyes son insuficientes para enfrentar el nivel de delitos que soportan las familias chilenas. Los jueces aplican la ley y si la ley es imperfecta o no se ha renovado de acuerdo a los nuevos tiempos que corren, son los delincuentes los únicos que ganan.
El alcalde Estay hizo un llamado para que los municipios se coordinen para lograr cambios legales concretos. “Necesitamos solicitar al parlamento que haga un trabajo bien hecho en materia de legislación y aumento de penas. Hay que hacer leyes que el delincuente les tema, porque hoy se ríen de ellas”. También, los legisladores deberán hacer correcciones en la legislación respecto de los niños y adolescentes, que participan como primera línea en gran parte de los actos delictivos que están ocurriendo.
Cuando el ex presidente del Tribunal Constitucional disparó contra un delincuente que estaba al interior de su casa, nunca se pudo imaginar que esa persona que estaba armada, que gritaba que lo iba a matar, que con sus balas dejó heridos a dos de sus hijos, era un niño de 14 años, enmascarado y con capucha.
Actuando en legítima defensa propia le dio muerte y vio como cerca de ocho muchachos más huían hacia la calle donde se encontraba, en un auto, la madre y hermana del delincuente. Es evidente que ella estaba participando en el delito, como apoyo al grupo. La estadística es fatal y demuestra que ya no resiste más dejar a los menores sin la responsabilidad penal que merecen. Se trata de un promedio mensual de 1.700 adolescentes imputados por actos delictuales, en la mayoría de los casos robos con violencia.
En otras palabras, cinco menores son imputados cada día por cometer delitos en Chile. Es una cifra muy alta, que revela una negra realidad. Todos quedan en libertad o con medidas que no tienen efectos. ¿Qué están esperando nuestros legisladores para proceder?
Hoy en día las bandas criminales internacionales les pagan a estos muchachos $100 mil por un celular que vale más de un millón. Y les pagan $800 mil por entregar un auto, de los tantos que se roban, ya sea mediante portonazos o bien de los que encuentran estacionados en la vía pública.
Los incentivos son muy perversos, pero las bandas reclutan a estos jóvenes que no ven un futuro mejor en su horizonte. Necesitamos nuevas leyes y corregir las existentes para aumentar las penas, buscar planes de reinserción y frenar el crecimiento de todos estos delitos que les permiten alcanzar el dinero fácil.
*Imagen de redes sociales.
