El diputado del PDG presentó antecedentes ante la Fiscalía de Limache por un eventual fraude al Fisco y pidió indagar posibles responsabilidades del jefe comunal. El alcalde respondió rechazando que se intente vincularlo con una supuesta “red interna”, mientras informó la apertura de un sumario y una solicitud de investigación especial a Contraloría.
Un nuevo episodio en la disputa entre el diputado Javier Olivares (PDG) y el alcalde de Olmué, Jorge Jil, se abrió luego que el parlamentario presentara ante la Fiscalía de Limache una denuncia por un eventual fraude al Fisco que superaría los $131 millones en la Municipalidad de Olmué.
Olivares entregó antecedentes que incluyen comprobantes bancarios, contratos y órdenes de compra municipales. Según lo planteado en la denuncia, existiría un supuesto mecanismo mediante el cual un contratista habría entregado dinero que posteriormente sería restituido a través de contratos y adquisiciones municipales.
La presentación solicita además investigar un presunto direccionamiento de procesos de licitación durante los años 2024, 2025 y 2026, junto con establecer las eventuales responsabilidades que pudieran corresponder al alcalde Jorge Jil y a otros funcionarios municipales.
El diputado sostuvo que la presentación responde a su rol fiscalizador respecto del uso de los recursos públicos y busca que sea el Ministerio Público el que determine si los antecedentes denunciados configuran eventuales irregularidades o delitos.
Jil responde y anuncia medidas
Frente a las acusaciones, el alcalde Jorge Jil emitió una declaración pública en la que rechazó los intentos por vincularlo con una supuesta “red interna” en el municipio y detalló las acciones adoptadas por su administración.
Jil explicó que el viernes 14 de agosto ingresó al municipio una denuncia por eventuales irregularidades relacionadas con pagos a un proveedor municipal y la supervisión de determinadas prestaciones. Ese mismo día, aseguró, ordenó instruir un sumario administrativo.
En el marco de ese procedimiento, el fiscal administrativo resolvió suspender de sus funciones al funcionario involucrado, quien deberá prestar declaración durante esta semana. Asimismo, será citado el proveedor mencionado en los antecedentes.
El jefe comunal agregó que el lunes 17 de agosto solicitó formalmente a la Contraloría Regional de Valparaíso una investigación especial, con el objetivo de revisar los pagos efectuados al proveedor desde 2024 y los procesos licitatorios que le fueron adjudicados.
Alcalde rechaza acusaciones anticipadas
“No vamos a encubrir ni proteger a nadie”, aseguró Jil, quien afirmó que, si las investigaciones establecen irregularidades o un uso indebido de recursos públicos, se adoptarán las medidas administrativas y legales correspondientes, incluyendo una eventual presentación de antecedentes ante el Ministerio Público.
Sin embargo, el alcalde también respondió directamente al tenor de las acusaciones realizadas públicamente por Olivares y la concejal Beatriz Apablaza. Jil rechazó que se pretenda instalar, sin resultados investigativos, la existencia de una supuesta “red interna” vinculada a su figura.
El nuevo episodio profundiza así el enfrentamiento entre el diputado y el jefe comunal, esta vez a partir de una denuncia que deberá ser analizada por Fiscalía, mientras Contraloría revisará los pagos y licitaciones cuestionados y paralelamente el municipio desarrolla su propio sumario administrativo.
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