El jefe regional del organismo en Valparaíso, Fernando Martínez, cuestionó la iniciativa del Gobierno que busca modificar su funcionamiento
RADIO OBSERVADOR.- Preocupación existe en el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) por el proyecto de ley impulsado por el Gobierno que propone modificar las atribuciones y el funcionamiento del organismo. La iniciativa, que comenzó su tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados, contempla cambios que, a juicio de su representación regional, podrían afectar significativamente su labor, especialmente fuera de Santiago.
Así lo planteó, en Radio Observador, el jefe regional del INDH en Valparaíso, Fernando Martínez, quien sostuvo que la propuesta no considera las recomendaciones elaboradas por una Comisión de Fortalecimiento del instituto, creada durante la discusión del Presupuesto 2025 y que reunió a representantes de distintas corrientes políticas. Esta instancia entregó un informe con 44 recomendaciones, 42 de ellas aprobadas por unanimidad.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la eventual eliminación de las sedes regionales. Según explicó Martínez, el informe financiero que acompaña el proyecto establece a Santiago como único domicilio del organismo, lo que, en la práctica, podría terminar con la presencia territorial que actualmente mantiene en las 16 regiones del país.
El directivo advirtió que esta situación dificultaría el acceso de las personas que necesitan denunciar posibles vulneraciones a sus derechos humanos o solicitar orientación, especialmente de quienes no cuentan con herramientas digitales o prefieren acudir presencialmente a una oficina. Como ejemplo, indicó que durante el año pasado el INDH realizó 12 mil atenciones a nivel nacional, de las cuales 600 correspondieron a la Región de Valparaíso.
Otro punto crítico es la propuesta de eliminar la facultad del instituto para presentar querellas criminales en casos graves de vulneraciones a los derechos humanos, como torturas, trata de personas, apremios ilegítimos y tráfico ilícito de migrantes.
Martínez explicó que esta atribución permite al organismo intervenir en los procesos judiciales, solicitar diligencias, participar en audiencias y presentar recursos. A su juicio, si esta facultad desaparece, ninguna otra institución asumiría exactamente ese mismo rol especializado, dejando a las víctimas con menos herramientas para buscar justicia y reparación.
A ello se suma la preocupación por una eventual reducción de personal y por cambios en la composición del Consejo del INDH, cuya integración pasaría de 11 a cinco integrantes, propuestos por el Presidente de la República y sometidos a aprobación del Senado. Para Martínez, esto podría comprometer la autonomía del organismo frente al poder político.
El jefe regional también rechazó la percepción de que el instituto trabaja en favor de determinados sectores políticos, señalando que su labor abarca áreas como infancia, discapacidad, migración y capacitación de instituciones públicas, incluyendo Carabineros.
Respecto de la tramitación, indicó que el proyecto se encuentra en una etapa inicial en la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara, donde ya comenzaron las exposiciones de organizaciones de la sociedad civil. La iniciativa cuenta con suma urgencia, por lo que su discusión podría avanzar rápidamente.
Finalmente, Martínez llamó a considerar las recomendaciones de la Comisión de Fortalecimiento y advirtió sobre la importancia de preservar una institución autónoma, con presencia en todo el territorio nacional y capacidad de actuar frente a posibles vulneraciones de derechos humanos.
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