Iván Pérez Varas había sido declarado inimputable por razones de salud mental y esperaba ser llevado al Instituto Psiquiátrico José Horwitz Barak. Sin embargo, permaneció privado de libertad en el penal porteño, donde finalmente murió tras quitarse la vida.
Un hombre que permanecía bajo internación provisional en el Complejo Penitenciario de Valparaíso murió tras quitarse la vida, mientras esperaba un cupo para ingresar a un recinto especializado de salud mental.
Se trata de Iván Pérez Varas, quien estaba privado de libertad por una causa vinculada a un delito de incendio ocurrido en la Región Metropolitana. Durante la investigación, una pericia psiquiátrica determinó que era inimputable debido a su condición de salud mental, lo que llevó al tribunal a suspender el procedimiento en noviembre de 2025.
En ese contexto, se ordenó que fuera examinado por el Instituto Psiquiátrico José Horwitz Barak. Sin embargo, el 4 de diciembre de 2025 el establecimiento informó que Pérez Varas se encontraba en el puesto 126 de la lista de espera para ingresar, por lo que continuó recluido en la cárcel de Valparaíso.
Posteriormente, según informó la Defensoría Penal Pública, el instituto emitió un nuevo antecedente que reforzó el diagnóstico de enajenación mental sostenido por la defensa. Pese a ello, no se concretó su traslado a un establecimiento asistencial especializado.
Siete solicitudes fueron rechazadas
Durante la causa, la defensa de Pérez Varas pidió en siete oportunidades la revisión de las medidas cautelares de prisión preventiva e internación provisional, pero todas las solicitudes fueron rechazadas.
De acuerdo con antecedentes conocidos del caso, el hombre permanecía en el módulo 108 y bajo régimen de aislamiento por razones de seguridad al interior del recinto penitenciario porteño.
La internación provisional, según establece el Código Procesal Penal, debe cumplirse en un establecimiento asistencial especializado. Sin embargo, la Defensoría Penal Pública ha advertido que la falta de cupos en la red pública de salud mental provoca largas esperas y que, en algunos casos, el ingreso de una persona en esta condición puede tardar cerca de un año.
Tras la muerte, también surgieron cuestionamientos respecto de una eventual responsabilidad estatal. El académico de la Universidad Central Silvio Cuneo planteó que el caso podría ameritar una demanda civil contra el Estado, considerando su obligación de resguardar la integridad de las personas que se encuentran bajo su custodia.
El fallecimiento vuelve a poner en discusión las dificultades del sistema para trasladar oportunamente a personas privadas de libertad que requieren atención psiquiátrica especializada.
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