Peter Rojas Gallardo, condenado por asesinar a un adulto mayor que le ofreció alojamiento, recibió una reducción de diez meses de cárcel. El beneficio fue concedido después de que la justicia rechazara su libertad condicional.
Un nuevo caso de reducción de condena vuelve a involucrar al ministro de Justicia, Fernando Rabat, esta vez por beneficiar a un hombre condenado por el asesinato de un adulto mayor de 83 años en Catemu, provincia de San Felipe.
Según reveló Radio Bío Bío, el secretario de Estado firmó el 5 de noviembre un decreto que redujo en diez meses la condena de Peter Andrés Rojas Gallardo, de 40 años, quien cumplía una pena de cinco años por homicidio simple. Con ello, la fecha de término pasó del 30 de agosto de 2027 al 30 de octubre de 2026.
La transcripción del documento también lleva la firma de la subsecretaria de Justicia, Josefina Soto, quien había asumido seis días antes en reemplazo de Luis Silva, cuya salida se produjo en medio de la controversia por las rebajas de penas.
ASESINÓ A QUIEN LE OFRECIÓ UN HOGAR
El crimen ocurrió en 2022 y conmocionó a Catemu. La víctima, Jorge del Carmen Frez Olivares, había acogido en su vivienda a Rojas, quien se encontraba en situación de calle y a quien conocía por amistades y trabajos compartidos.
El adulto mayor fue golpeado y asfixiado con un cordón en su dormitorio. Su cuerpo permaneció oculto en la vivienda, mientras Rojas entregaba explicaciones falsas a los familiares que preguntaban por él.
Finalmente, el cadáver fue descubierto el 29 de agosto de 2022, cuando sus cercanos ingresaron a la propiedad. Rojas fue detenido y posteriormente condenado, en enero de 2025, a cinco años de presidio.
Su historial también incluía condenas anteriores por hurto, robo con violencia y robo frustrado en lugar habitado.
TRIBUNALES HABÍAN RECHAZADO SU LIBERTAD CONDICIONAL
En mayo de este año, Rojas intentó acceder a la libertad condicional, pero su solicitud fue rechazada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso y posteriormente por la Corte Suprema.
Entre los antecedentes considerados aparecía un informe de Gendarmería que advertía un riesgo medio de reincidencia y relacionaba parte de su conducta delictiva con el consumo problemático de drogas.
El alcaide del recinto penitenciario de Quillota, donde permanecía recluido, sostuvo además que no era posible proyectar un cumplimiento de la pena en libertad que garantizara la seguridad de la comunidad y evitara nuevos delitos.
La libertad condicional y la reducción de condena corresponden a mecanismos distintos. Sin embargo, mientras los tribunales habían rechazado que Rojas terminara de cumplir su pena fuera de la cárcel, posteriormente el Ministerio de Justicia le descontó diez meses mediante la Ley 19.856, que contempla reducciones por comportamiento sobresaliente.
La cronología agrega otro antecedente. El mismo 5 de noviembre, Rojas presentó un recurso de amparo para obtener la reducción. Antes de que la Corte alcanzara a pronunciarse, Justicia informó que Rabat ya había firmado el decreto que concedía el beneficio, tras lo cual la acción judicial fue retirada.
“LEGISLACIÓN VIGENTE OBLIGA”
Desde el Ministerio de Justicia explicaron que la legislación vigente obliga a conceder la reducción cuando se cumplen los requisitos establecidos y que la cartera no puede rechazarla únicamente por la gravedad del delito cometido.
La decisión sobre Rojas se produjo después de que el Gobierno anunciara la suspensión de nuevas rebajas para determinados condenados por delitos sexuales contra menores, medida que no comprendía los homicidios.
Según los antecedentes publicados por Bío Bío, Rojas finalmente recuperó su libertad.
Un día después de la firma del decreto, el Gobierno anunció su respaldo a una iniciativa destinada a derogar completamente la Ley 19.856 y darle discusión inmediata. “Vamos a cortar el problema de raíz”, afirmó el subsecretario general de Gobierno, Gonzalo Arenas.
El Ejecutivo podrá argumentar que la legislación vigente obligaba a conceder el beneficio una vez cumplidos sus requisitos. Sin embargo, esa explicación no resuelve la responsabilidad política de una administración que permitió la salida anticipada de un condenado por homicidio después de que la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema rechazaran concederle la libertad condicional y existieran informes que advertían riesgo de reincidencia.
Tampoco resuelve por qué, en medio de una controversia que ya había obligado al Gobierno a anunciar restricciones y revisar el mecanismo, continuaron firmándose decretos mientras recién se preparaba una solución legislativa de fondo.
Cumplir la ley es una obligación, pero gobernar también implica anticipar sus consecuencias y hacerse responsable de sus efectos. El caso de Catemu vuelve a poner bajo discusión un sistema que permite reducir administrativamente una condena por comportamiento sobresaliente aun cuando, en un procedimiento distinto, los antecedentes penitenciarios hayan desaconsejado la libertad condicional por el riesgo que implicaría el regreso anticipado del condenado a la comunidad.
