La Fiscalía imputa a Juan Galdames delitos de fraude al fisco, negociación incompatible y falsificación de instrumento público, en una causa que también incluye una querella del Consejo de Defensa del Estado y un perjuicio estimado sobre los $1.300 millones.
El Juzgado de Garantía de Los Andes fijó para el próximo 26 de mayo la audiencia de formalización del alcalde de Rinconada, Juan Galdames Carmona, en el marco de una investigación penal que indaga presuntas irregularidades en operaciones municipales y que ya suma una extensa trama judicial.
De acuerdo con los antecedentes del Ministerio Público, el jefe comunal será formalizado por los delitos de fraude al fisco, negociación incompatible y falsificación de instrumento público, en hechos que se habrían desarrollado entre los años 2021 y 2024.
La causa —identificada con el RUC 2210051645-8— no solo involucra al alcalde, sino también a otros tres imputados, en calidad de coautores de distintos ilícitos vinculados a la gestión municipal.
Uno de los puntos centrales de la investigación apunta a la compra de tres terrenos por parte del municipio a una persona cercana al alcalde, operación que está bajo la lupa por eventuales reuniones realizadas fuera de la Ley de Lobby y por el uso de documentos presuntamente falsos para justificar un aumento en el valor de los predios que, según los antecedentes, habría alcanzado hasta un 3000%.
A esto se suma una acción impulsada por la Contraloría General de la República, que presentó una demanda por un presunto daño patrimonial que superaría los 1.300 millones de pesos, lo que refuerza la magnitud del caso.
En la arista judicial, el Consejo de Defensa del Estado también interpuso una querella criminal, apuntando a la eventual existencia de tasaciones infladas en la compra de estos terrenos, elemento clave dentro de la investigación penal.
Desde la parte querellante, el exconcejal Juan Castillo aseguró que advirtieron tempranamente al alcalde sobre la posible ilegalidad de las operaciones. “Nos dimos cuenta de que estas compras podían ser constitutivas de delito, por lo tanto, le dijimos que no lo hiciera y que, si avanzaba, lo íbamos a denunciar. El alcalde no nos hizo caso y se concretaron los hechos”, afirmó.
Por su parte, la defensa del jefe comunal descartó la existencia de ilícitos, sosteniendo que se trata de decisiones administrativas que han sido interpretadas erróneamente como delitos. El abogado José Villagrán indicó que han presentado una cantidad significativa de antecedentes ante la Fiscalía para respaldar su postura.
La audiencia de formalización marcará un punto clave en la causa, ya que en ella el Ministerio Público comunicará oficialmente los cargos y podría solicitar medidas cautelares en contra del alcalde y los demás imputados.
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