La Fiscalía de Viña del Mar apeló la resolución que permitió la excarcelación de la imputada, acusada de afectar a más de 60 parejas en Limache, Olmué, Quillota, Viña del Mar y provocar un perjuicio superior a los $120 millones.
La Fiscalía de Viña del Mar formalizó a una banquetera imputada por una millonaria estafa reiterada que habría afectado a más de 60 parejas que contrataron sus servicios para la organización de matrimonios durante el año pasado.
Aunque el tribunal decretó inicialmente la prisión preventiva de la imputada, la mujer recuperó su libertad tras pagar una caución de $5 millones, situación que fue cuestionada por el Ministerio Público, que presentó un recurso de apelación para revertir esa parte de la resolución.
Cuatro matrimonios quedaron sin servicio
El caso se hizo conocido públicamente luego de que la empresa Probarte no se presentara a prestar servicios en cuatro matrimonios realizados en la Región de Valparaíso, específicamente en Limache, Olmué, Quillota y Viña del Mar.
Según los antecedentes conocidos en ese momento, los novios, sus familias e invitados se enteraron a última hora de que el cóctel, alimentos, bebestibles, mobiliario y trabajadores contratados no llegarían a las ceremonias.
Uno de esos matrimonios estaba programado en Casona Boco de Quillota, donde la celebración estuvo a punto de cancelarse debido a la ausencia de la banquetería. Sin embargo, los propios invitados reaccionaron con solidaridad, compraron alimentos y permitieron que el evento pudiera seguir adelante pese al incumplimiento.
Tras esos hechos, Probarte borró sus redes sociales, dejó de responder mensajes y llamadas, y generó una profunda incertidumbre entre las parejas afectadas y también entre quienes habían contratado sus servicios para matrimonios futuros.
En ese momento, una de las hipótesis planteadas era que la empresa enfrentaba problemas de liquidez.
Fiscalía descarta simple incumplimiento civil
Según explicó el fiscal Lionel González, cada una de las contrataciones realizadas por la imputada fue considerada por el tribunal como un hecho constitutivo de delito, descartando que se trate simplemente de un incumplimiento civil.
“Esto fue una declaración que despeja de inmediato que estemos frente a un simple incumplimiento civil. Las parejas que resultaron afectadas superan las 60 y el perjuicio también supera los 120 millones de pesos”, señaló el persecutor.
La investigación apunta directamente a la empresa Probarte, que también fue objeto de formalización por el delito económico asociado a la ejecución de este tipo de fraudes bajo el alero de una persona jurídica.
Salió libre tras pagar caución
Sin embargo, la resolución judicial permitió que la imputada pudiera salir de prisión preventiva mediante el pago de una caución de $5 millones, al estimar el tribunal que el fundamento principal de la medida cautelar era el peligro de fuga.
Esa decisión no dejó conforme a la Fiscalía. De acuerdo con el fiscal González, el caso no solo involucra un eventual riesgo de fuga, sino también un peligro para la seguridad de la sociedad, considerando la cantidad de delitos, el número de víctimas, el monto del perjuicio y la pena probable que arriesga la imputada.
“La resolución no nos deja conformes, razón por la cual se entabló un recurso de apelación tendiente a revertir lo resuelto, porque genuinamente lo que está involucrado en este caso es un peligro para la seguridad de la sociedad”, afirmó el fiscal.
Fiscalía apeló la resolución
El persecutor agregó que, por la magnitud del perjuicio y la pena asignada a los delitos investigados, la imputada podría arriesgar una condena de cumplimiento efectivo.
Por ello, desde la Fiscalía cuestionaron que la mujer haya podido recuperar su libertad pocos minutos después de pagar la caución de $5 millones, monto que —según el Ministerio Público— no guarda relación con el daño económico provocado a las víctimas.
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