El caso involucra la fabricación de 40 mil imanes publicitarios, un supuesto apoyo de empresarios chinos y registros que mostrarían a un escolta retirando material desde una imprenta. La senadora niega haber contratado el servicio.
Una nueva controversia judicial enfrenta la senadora Camila Flores Oporto, luego de que un proveedor vinculado a su campaña al Senado presentara una acción para cobrar más de $18 millones por la fabricación de material propagandístico usado durante el período electoral.
De acuerdo con antecedentes revelados por nuestro medio asociado, Radio Bío Bío, la acción fue presentada por el dueño de una imprenta que acusa el no pago de 40 mil imanes publicitarios con la imagen de Flores, entonces candidata al Senado por la Región de Valparaíso.
La factura, emitida el 7 de mayo de este año, detalla la elaboración del material por $15,3 millones más IVA, lo que eleva la deuda total a poco más de $18,3 millones. El escrito fue ingresado el 5 de junio ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, solicitando la notificación judicial del documento tributario como paso previo para preparar la vía ejecutiva de cobro.
Debido a que Flores actualmente es senadora y cuenta con fuero parlamentario, el pleno del tribunal deberá designar a un ministro de fuero para revisar la admisibilidad de la acción.
Según el reportaje de Bío Bío Investiga, el origen del conflicto se remonta a las semanas previas a las elecciones parlamentarias de noviembre de 2025. En ese contexto, Luis Villa Villar, quien asesora a empresarios chinos, relató que fue contactado por María Ester Munnier, psicóloga de Villa Alemana, exdirectora regional de Senda, militante UDI y excandidata al Consejo Regional.
De acuerdo con su versión, Munnier buscaba gestionar un eventual “apoyo” para la candidatura de Flores. Posteriormente, se habría concretado una reunión en Viña del Mar, instancia en la que participaron Camila Flores, su esposo Percy Marín, María Ester Munnier y el propio Villa.
Villa afirmó que en ese encuentro se le pidió contactar a una imprenta para elaborar material de campaña, por lo que puso al equipo en comunicación con su tío, Hugo Villar Lara, dueño de la empresa que fabricó los imanes. El intermediario sostuvo que, inicialmente, los costos serían cubiertos por empresarios chinos interesados en colaborar con la campaña, pero el pago no se concretó.
Uno de los antecedentes más sensibles apunta al retiro de parte del material electoral desde la imprenta ubicada en Santiago Centro. Según los registros citados por Bío Bío Investiga, los imanes habrían sido retirados en un vehículo asignado a Flores para labores parlamentarias. El conductor correspondería a un funcionario de Carabineros del Departamento de Protección de Personas Importantes, que cumplía funciones de escolta para la entonces diputada.
El reportaje también consigna mensajes enviados el 6 de noviembre por el exasesor de Flores, Julio Lillo, solicitando nuevas entregas de calendarios magnéticos para actividades de campaña.
Tras no concretarse el pago, el dueño de la imprenta recurrió a tribunales. Su abogado, Vinko Fodich, sostuvo que los servicios fueron prestados y que no han sido pagados, por lo que se inició una demanda de cobro ejecutivo por la factura.
Consultada por Bío Bío Investiga, la senadora Camila Flores negó haber instruido la contratación del servicio.
“No existe orden de compra, guía de despacho ni antecedente alguno que acredite una solicitud o contratación realizada por mi parte. Estos hechos serán debidamente esclarecidos y acreditados ante los tribunales de justicia, instancia en la que ejerceré plenamente mi derecho a defensa”, afirmó.
Desde el Servicio Electoral explicaron que la legislación considera como gasto electoral todas las erogaciones realizadas durante el período de campaña, independiente de cuándo hayan sido contratadas o pagadas. También recordaron que el financiamiento privado puede incluir bienes, servicios o beneficios entregados gratuitamente, siempre que puedan ser valorizados económicamente y estén destinados a solventar actividades electorales.
Por ahora, será la Corte de Apelaciones de Valparaíso la que deberá resolver el primer paso judicial del caso, determinando la designación de un ministro de fuero para revisar la acción presentada contra la senadora.
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