El vehículo fue retirado por un embargo judicial originado en trabajos realizados en el Club Diamante. La Municipalidad acusa una demora en la certificación del pago y cuestiona los vínculos de un exconcejal con la empresa demandante.
Una camioneta utilizada en labores de seguridad pública de Rinconada fue retirada por orden judicial, pese a que la Municipalidad asegura que la deuda que originó el embargo ya se encuentra completamente pagada. El procedimiento dejó al municipio sin uno de sus vehículos y abrió una controversia por la tramitación de la causa y los antecedentes de la empresa demandante.
Se trata de una camioneta Nissan NP300, año 2019, cuyo retiro está relacionado con un juicio por trabajos de iluminación ejecutados hace varios años en el Club Diamante, durante la administración del exalcalde Pedro Caballería.
La causa se tramita ante el Segundo Juzgado de Letras de Los Andes, desde donde se dispuso el retiro del vehículo embargado, contemplándose incluso el auxilio de la fuerza pública para ejecutar la medida.
Sin embargo, la camioneta fue finalmente entregada de manera voluntaria por la Municipalidad, que cuestionó la continuidad del procedimiento debido a que, según sostiene, la obligación económica ya había sido cumplida.
¿Por qué retiraron el vehículo si la deuda estaba pagada?
A través de una declaración pública difundida el jueves 5 de noviembre, la Municipalidad de Rinconada explicó que los comprobantes del pago fueron presentados oportunamente ante el tribunal, con el objetivo de que se certificara el cumplimiento de la deuda y se adoptaran las medidas judiciales correspondientes.
No obstante, la administración comunal asegura que el tribunal todavía no había resuelto esa solicitud al momento del retiro, lo que impidió detener el procedimiento.
La abogada municipal Jexarel Navia Lazo tomó contacto con el tribunal para conocer el estado de la causa. Según la versión entregada por el municipio, se le informó que, debido a la carga de trabajo, el funcionario correspondiente todavía no había certificado el pago.
La declaración también cuestiona la actuación del receptor judicial Hugo Zepeda, a quien se le habrían exhibido los comprobantes respectivos, pero quien, según el municipio, no los consideró al momento de ejecutar el retiro.
De esta manera, la camioneta terminó siendo retirada mientras seguía pendiente la certificación judicial del pago alegado por la Municipalidad.
La situación, según la administración comunal, genera un perjuicio para la institución, que quedó privada de un vehículo de su propiedad. Por ahora, no se ha detallado si su ausencia ha significado modificaciones en los servicios de seguridad pública.
Municipio apunta a exconcejal y denuncia conflictos de intereses
Pero el conflicto no se limita al embargo. En su declaración, la Municipalidad de Rinconada también formuló cuestionamientos contra el exconcejal Carlos Montenegro, por sus presuntos vínculos con la empresa demandante, Patricio Montenegro Obras Civiles Ltda.
Según la actual administración, dicha firma ejecutó trabajos por montos millonarios para el municipio durante el período en que Pedro Caballería ejercía como alcalde.
La declaración sostiene que Montenegro habría negado mantener vínculos con la empresa, afirmación que el municipio cuestiona y que utiliza como fundamento para denunciar posibles conflictos de intereses.
Incluso, la Municipalidad aseguró que estos antecedentes demostrarían que el exconcejal mantuvo una inhabilidad durante los años en que ejerció el cargo.
Sin embargo, esta última afirmación corresponde a la interpretación de la administración municipal y no a una inhabilidad acreditada mediante una resolución judicial en los antecedentes disponibles. Tampoco se cuenta con una respuesta de Montenegro o de la empresa demandante frente a estos cuestionamientos.
Buscan recuperar la camioneta
Mientras continúa la controversia, la asesora jurídica municipal se encuentra realizando gestiones ante la justicia para aclarar la situación y conseguir la recuperación del vehículo.
La Municipalidad insiste en que la deuda fue íntegramente pagada y que una demora en su certificación está provocando perjuicios al patrimonio comunal.
El punto que sigue pendiente es determinar cuándo se reconocerá judicialmente el pago que afirma haber realizado el municipio y qué ocurrirá con la camioneta retirada.
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