La acción judicial por denuncia calumniosa fue anunciada, luego de conocerse una declaración firmada por el edil Ronald Olivares ante Carabineros, en la que reconoce que acompañó voluntariamente a desconocidos y consumo de drogas.
Un vuelco dio el caso del concejal de San Felipe, Ronald Olivares, luego que la Municipalidad confirmara la presentación de una querella por denuncia calumniosa, a raíz de los antecedentes surgidos en torno al supuesto secuestro que el edil denunció a inicios del 2025 tras un viaje a Viña del Mar. La alcaldesa Carmen Castillo informó públicamente que la acción judicial ya fue ingresada y que responde a la obligación que tienen los funcionarios públicos de denunciar posibles irregularidades cuando estas son detectadas.
El giro se produce tras conocerse el contenido de un informe policial con la declaración voluntaria prestada por Olivares ante Carabineros el 5 de febrero de 2025, documentos en los que su relato se distancia de la versión inicial de un secuestro. En esos antecedentes, el concejal señaló que había viajado a Viña del Mar el 28 de enero para participar en una capacitación de concejales de la Asociación Chilena de Municipios (ACHM) y que, dos días después, salió desde la casa de familiares con la intención de comprar “cigarros y falopa”.
Según esa misma declaración, se acercó a un grupo de desconocidos que le ofrecieron llevarlo a un lugar para comprar droga. Allí, dijo haber consumido alcohol y drogas, entregado $350 mil en efectivo provenientes de viáticos y haber realizado además transferencias para seguir adquiriendo sustancias. También afirmó que después no pudo retirarse del inmueble porque se sintió intimidado al ver a sujetos armados.
En el documento, Olivares reconoce además que no fue secuestrado en un comienzo y que acompañó voluntariamente a esas personas. Incluso declara que fue consumidor problemático de drogas desde los 17 años y que, aunque estaba rehabilitado desde hacía unos seis años, durante ese viaje recayó.
El propio informe policial concluye que, con la declaración de la presunta víctima, los hechos “se tergiversaron” con el propósito de justificar su ausencia ante su familia y evitar eventuales repercusiones administrativas, considerando además su condición de concejal en ejercicio desde diciembre de 2024. Con esos antecedentes sobre la mesa, el caso abrió un fuerte impacto político y judicial en San Felipe y ahora quedará en manos del Ministerio Público y los tribunales determinar los pasos siguientes.
Por su parte, la alcaldesa sostuvo que la querella apunta a que sean los tribunales del área penal los que revisen lo ocurrido. En su declaración, indicó que el municipio actuó frente a antecedentes que consideran graves y que, si la acción es admitida, podrán entregarse más detalles del caso.
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