Tras los recientes casos de ataques de perros registrados en distintos puntos de la provincia, abogada explica los pasos legales para denunciar y exigir responsabilidades y reitera la importancia de que las víctimas actúen de forma inmediata para resguardar su salud y sus derechos
La abogada Priscila Hernández explicó en Radio Observador que la legislación chilena, a través de la Ley N° 21.020 sobre Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía, conocida como “Ley Cholito”, establece mecanismos para denunciar estos hechos y, dependiendo de cada caso, perseguir responsabilidades civiles, administrativas e incluso penales.
La profesional señaló que la primera acción que debe realizar una persona tras ser mordida o atacada por un perro es acudir de inmediato a un centro asistencial, ya sea un hospital, SAPU o consultorio, para recibir atención médica y dejar constancia de las lesiones. “El informe médico será la principal prueba para cualquier acción posterior. No basta con curar la herida en casa, ya que es fundamental contar con un registro clínico del ataque”, explicó.
Posteriormente, la víctima puede presentar una denuncia a través de Carabineros, un inspector municipal o directamente en el Juzgado de Policía Local, organismo que citará a las partes y determinará las responsabilidades correspondientes cuando el perro tenga un propietario identificado.
Además del tratamiento médico, la persona afectada puede solicitar una indemnización por los daños ocasionados, incluyendo gastos de salud, rehabilitación, daño psicológico y pérdida de ingresos si las lesiones le impidieron trabajar.
En los casos en que el perro no tenga un dueño identificado, la profesional explicó que también es posible iniciar acciones contra la municipalidad, aunque advirtió que ello requiere demostrar una eventual falta de servicio. Para ello es clave acreditar que existían denuncias previas sobre el animal o la presencia de una jauría y que el municipio no adoptó medidas preventivas.
La abogada recomendó reunir la mayor cantidad de antecedentes posibles, como fotografías, videos, testimonios de testigos e informes médicos, ya que estos elementos pueden ser determinantes durante el proceso judicial.
Finalmente, hizo un llamado a denunciar también aquellas situaciones en que un perro represente un riesgo para la comunidad, aunque no haya concretado un ataque, como animales que permanecen sueltos o cuyos dueños no mantienen medidas de seguridad adecuadas. Según indicó, estas denuncias permiten que las autoridades fiscalicen y, de ser necesario, sancionen a los responsables, contribuyendo a prevenir nuevos incidentes. De igual forma expresó su inconformidad por un vacío legal al respecto
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