Seis exfuncionarios de la unidad antidrogas enfrentarán juicio por una trama que, según la Fiscalía, incluyó la apropiación de sustancias incautadas, manipulación de evidencia, pagos a informantes con marihuana y procedimientos irregulares. Las penas solicitadas para los acusados superan en conjunto los 217 años de cárcel.
Sacar droga desde el propio cuartel policial y reemplazar parte de ella por tierra o arena para que la diferencia no fuera detectada durante los pesajes. Esa es una de las principales maniobras que la Fiscalía atribuye a exintegrantes del OS7 Aconcagua, quienes enfrentarán juicio oral por una serie de delitos vinculados al tráfico de drogas y la manipulación de procedimientos policiales.
La investigación apunta a seis exfuncionarios de Carabineros y un civil. Según los antecedentes reunidos por el Ministerio Público, parte de la droga incautada en distintos operativos habría sido sustraída por los propios policías, mientras que en algunos casos las sustancias habrían sido utilizadas para pagar a informantes o destinadas a otros fines ilícitos.
Uno de los episodios centrales ocurrió el 29 de mayo de 2024 al interior del cuartel del OS7 Aconcagua, en San Felipe. Las cámaras de seguridad de la propia unidad registraron movimientos de bolsas y sacos con evidencia hacia dependencias que no estaban destinadas a su custodia.
De acuerdo con la acusación, Sebastián Cádiz y Federico Jerez habrían retirado una cantidad indeterminada de marihuana. Para evitar que la merma quedara en evidencia durante un pesaje posterior, parte de la droga habría sido reemplazada por tierra o arena.
Las grabaciones dieron paso a una investigación más amplia, que incluyó interceptaciones telefónicas, micrófonos y sistemas GPS instalados en vehículos. A partir de esas diligencias, la Fiscalía sostiene que detectó otros episodios vinculados a compras de droga efectuadas por personas vulnerables sin autorización y pagos a informantes mediante sustancias previamente incautadas.
Entre los antecedentes aparece un operativo efectuado en La Ligua, donde oficialmente se incautaron 2 kilos 589 gramos de marihuana. Según Fiscalía, parte de esa evidencia habría sido apartada antes del pesaje y posteriormente entregada a un informante como pago por su colaboración.
La acusación también sostiene que parte de la pasta base obtenida desde otro procedimiento fue dosificada en cerca de 400 envoltorios. Según el Ministerio Público, una de las finalidades habría sido utilizar esa droga para atribuir sustancias ilícitas a blancos investigativos en aquellos casos donde no fueran encontradas al momento de su detención.
Penas solicitadas superan los 217 años
La mayor solicitud de pena corresponde a Sebastián Cádiz, para quien la Fiscalía pide condenas que, sumadas, alcanzan 90 años y ocho días de cárcel, por distintos delitos de tráfico de drogas, además de falsificación de instrumento público, omisión de denuncia y hurto.
Para Sergio Aedo se solicitan 37 años y tres días; Cindy Cárdenas, 32 años y tres días; Federico Jerez, 24 años y dos días; Álvaro Moraga, 18 años y un día; y Waldo Berríos, 10 años y un día. El único civil acusado enfrenta además una solicitud de cinco años y un día, más otros 541 días de presidio.
El fiscal Benjamín Santibáñez ha señalado que la investigación reúne registros de cámaras, dispositivos de grabación, micrófonos y sistemas GPS, entre otros antecedentes. Sin embargo, precisó que corresponderá al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Felipe determinar el valor de las pruebas y resolver si son suficientes para establecer responsabilidad penal.
Defensa cuestiona cómo se originó la causa
La defensa de Sebastián Cádiz y Sergio Aedo también abrió un nuevo flanco judicial y presentó una querella contra tres carabineros en servicio activo por presuntas irregularidades en las primeras diligencias de la investigación.
El cuestionamiento se relaciona con versiones distintas respecto de qué motivó inicialmente la revisión de las cámaras del cuartel: una apunta a diferencias detectadas en el peso de la droga y otra a la presencia reiterada de una persona en bicicleta en las inmediaciones de la unidad.
La defensa sostiene que esas diferencias podrían haber incidido en la forma en que posteriormente fueron solicitadas y autorizadas medidas intrusivas como interceptaciones telefónicas y georreferenciación. La querella atribuye posibles delitos de falsificación ideológica de instrumento público, obstrucción a la investigación mediante antecedentes falsos y alteración de antecedentes por funcionario policial.
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