La fiscal regional Claudia Perivancich recalcó que desde los 14 años existe responsabilidad penal.
El fuerte aumento de denuncias por amenazas en establecimientos educacionales encendió las alertas en la región de Valparaíso. Según informó la fiscal regional, Claudia Perivancich, ya son más de 100 los casos que han debido ser abordados por el Ministerio Público, en su mayoría en contextos de urgencia o flagrancia.
La persecutora explicó que, tras las primeras diligencias investigativas, en muchos de estos episodios se logra establecer que no existe una amenaza real, sino que se trata de acciones que calificó como “bromas de muy mal gusto”. Sin embargo, subrayó que esto no reduce su impacto. “En todos los casos hemos debido desplegar acciones, disponer trabajo policial y realizar análisis de las denuncias”, indicó
Presión sobre el sistema
Desde Fiscalía advierten que cada denuncia, independiente de su veracidad, obliga a activar protocolos complejos que involucran a policías, equipos investigativos y coordinación con otras instituciones, generando una carga significativa para el sistema.
En ese contexto, Perivancich recalcó que este tipo de situaciones no solo tensiona la capacidad operativa, sino que también desvía recursos que podrían destinarse a investigaciones de mayor gravedad.
Responsabilidad penal adolescente
La fiscal regional también puso énfasis en las consecuencias legales de este tipo de conductas. Recordó que desde los 14 años los adolescentes son imputables, es decir, pueden enfrentar procesos penales si sus acciones constituyen delito. “Entre los 14 y 17 años pueden ser sujetos de comisión de delito y ser perseguidos penalmente”, advirtió
En esos casos, los involucrados pueden ser puestos a disposición del tribunal y enfrentar medidas judiciales. En contraste, los menores de 13 años son inimputables y sus conductas son derivadas a tribunales de familia.
Coordinación ante aumento de casos
Frente a este escenario, la Fiscalía Regional de Valparaíso encabezó instancias de coordinación con autoridades educacionales, incluyendo representantes de los Servicios Locales de Educación Pública y la Seremi de Educación. El objetivo es fortalecer la respuesta frente a este tipo de denuncias y avanzar en estrategias preventivas que permitan abordar el fenómeno desde las comunidades escolares.
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