Pese a la gravedad de los antecedentes expuestos por Fiscalía y la PDI, 12 de los 14 detenidos enfrentará la investigación fuera de la cárcel.
Menos de 48 horas alcanzaron a pasar entre el megaoperativo realizado por la PDI en Quillota y el regreso a las calles de buena parte de los detenidos.
Durante la jornada de este jueves se desarrolló la audiencia de formalización de las 14 personas arrestadas tras los allanamientos simultáneos realizados en las poblaciones Aconcagua Norte, Aconcagua Sur, Jardines de Aconcagua y Antumapu. El procedimiento policial había dejado una imagen potente: armas, drogas, municiones y hasta explosivos utilizados en minería sobre las mesas de evidencia.
Sin embargo, el desenlace judicial estuvo lejos de esa misma contundencia. De los 14 imputados, sólo dos quedaron en prisión preventiva. Otros ocho quedaron con arresto domiciliario total, mientras que cuatro quedaron únicamente con arraigo nacional y firma mensual. Además, el tribunal fijó un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación.
La detención de estas personas había sido presentada como un golpe importante contra focos de microtráfico y violencia territorial en Quillota. La investigación, coordinada entre la PDI y el Sistema de Análisis Criminal de la Fiscalía, se extendió por cerca de tres meses y surgió tras reiterados episodios de balaceras y denuncias vecinales. Durante los allanamientos se incautó más de medio kilo de distintas drogas, armamento, municiones y dos emulsiones explosivas de alto poder.
Precisamente ese contexto fue uno de los elementos que más llamó la atención tras la audiencia: pese a la gravedad de los antecedentes expuestos durante el operativo, la mayoría de los imputados quedó fuera de prisión.
En la resolución conocida este jueves, la magistrada sostuvo que, en esta etapa procesal, aún se requerían mayores antecedentes para justificar medidas cautelares más gravosas como la prisión preventiva. Según indicó, existían “matices” y “teorías alternativas” respecto de algunos hechos investigados, además de diligencias pendientes para esclarecer completamente el contexto de los delitos.
La jueza también cuestionó parte de los antecedentes planteados durante la audiencia, señalando que algunas afirmaciones expuestas por los intervinientes no habían sido acompañadas todavía de pruebas concretas incorporadas formalmente a la investigación.
Con ese escenario, el tribunal rechazó varias de las solicitudes de cautelares más intensas y optó por medidas menos restrictivas para gran parte de los imputados.
La decisión generó nuevamente cuestionamientos sobre la facilidad con que personas vinculadas a investigaciones por drogas, armas y violencia pueden recuperar rápidamente la libertad mientras continúan las indagatorias.
El tema no es menor en Quillota. La propia Fiscalía había vinculado este operativo con homicidios consumados, homicidios frustrados y balaceras ocurridas durante los últimos meses en la comuna, muchos de ellos asociados a disputas territoriales entre grupos dedicados al tráfico de drogas.
De hecho, uno de los hallazgos que más preocupación generó durante los allanamientos fue precisamente la presencia de explosivos potencialmente utilizables. El fiscal José Uribe advirtió tras el procedimiento que bastaba una fuente básica de calor para activarlos.
Pese a ello, salvo los dos imputados que quedaron en prisión preventiva, el resto enfrentará la investigación fuera de la cárcel.
Y en una comuna donde durante meses las balaceras y los conflictos asociados al narcotráfico se instalaron como parte de la conversación cotidiana, la resolución volvió a abrir una pregunta incómoda entre muchos vecinos: cuánto impacto real tienen estos grandes operativos cuando la mayoría de los detenidos termina regresando rápidamente a sus casas.
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