La Fiscalía revisa antecedentes financieros asociados a la senadora Camila Flores, entre ellos más de $228 millones en facturas informadas durante 2025, además de un oficio enviado cuando era diputada para consultar por la inscripción de una propiedad perteneciente a su madre.
Nuevos antecedentes se conocieron en torno a la investigación que lleva adelante la Fiscalía Regional de Valparaíso y que involucra a la senadora de Renovación Nacional Camila Flores, en el denominado caso “Cuota Flores”. Las diligencias incluyen ahora la revisión de movimientos financieros, conversaciones vinculadas a rendiciones de campaña y una gestión parlamentaria relacionada con un inmueble de su madre.
De acuerdo con antecedentes revelados por Reportajes Teletrece, un informe remitido al Servicio de Impuestos Internos consigna que durante 2025 aparece informado un monto de $228.319.963 relacionado con facturas recibidas o facturas de compra emitidas, cifra que sería superior a los ingresos informados para ese mismo período.
El documento señala que esta diferencia llamó la atención dentro del análisis financiero efectuado en el marco de la investigación. El Ministerio Público busca determinar el origen, naturaleza y eventual relevancia penal de estos movimientos, sin que hasta ahora se haya establecido judicialmente la existencia de un delito a partir de estos antecedentes.
Chats vinculados a rendiciones de campaña
La investigación también considera conversaciones sostenidas durante el período de campaña de Flores. En uno de los chats difundidos por T13, la entonces diputada conversa con una de sus asesoras sobre problemas asociados a un pago.
En ese intercambio, Flores señala: “Si tenemos 160, estoy perdiendo como $80 millones”, mientras que su interlocutora le responde que “los montos también tienen que ser realistas”. El contexto y alcance de estas comunicaciones forman parte de los antecedentes que están siendo analizados por Fiscalía.
Oficio por terreno de su madre
Otra de las aristas conocidas corresponde a un oficio enviado cuando Camila Flores ejercía como diputada, mediante el cual solicitó información a la Seremi de Bienes Nacionales de Los Ríos respecto del avance en la inscripción de una propiedad perteneciente a su madre, Verónica Oporto.
Según el reportaje, la solicitud buscaba aclarar qué trámite permanecía pendiente para concretar la inscripción del inmueble. Funcionarios que declararon ante Fiscalía señalaron que la consulta llamó su atención debido a que habitualmente los requerimientos provenientes del Congreso abordaban materias generales y no situaciones particulares.
Benjamín Rodríguez, exasesor legislativo de la bancada de Renovación Nacional y quien habría redactado el oficio, declaró que sabía que el inmueble correspondía a la madre de la parlamentaria. También sostuvo que, a su juicio, no habría realizado una gestión de esas características de haber ocupado un cargo parlamentario.
En tanto, el prosecretario de la Cámara de Diputadas y Diputados, Luis Rojas, declaró que desconocía el parentesco entre Flores y la propietaria del terreno y que, de haberlo sabido, habría advertido sobre los cuestionamientos públicos que podía generar la gestión.
Investigación sigue sumando antecedentes
La investigación conocida como “Cuota Flores” se inició luego de una denuncia por eventuales delitos funcionarios relacionados con el uso de asignaciones parlamentarias. Desde entonces, Fiscalía ha tomado declaraciones a antiguos colaboradores de Flores y ha revisado antecedentes financieros y comunicaciones.
Dentro de esa causa también se han incorporado antecedentes relacionados con la participación de Flores en la tramitación de la reforma al sistema notarial, además de declaraciones de exempleados sobre presuntas solicitudes de devolución de parte de sus remuneraciones.
La senadora ha rechazado haber cometido irregularidades y ha señalado públicamente que colaborará con la investigación. Hasta ahora, los antecedentes conocidos forman parte de una causa penal en desarrollo y no constituyen una declaración judicial de responsabilidad.
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